(Bloomberg).- La calificación crediticia de Colombia está bajo amenaza por los recortes tributarios que se están debatiendo en el Congreso, dijo Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. La reforma tributaria del Gobierno reduciría sus ingresos en aproximadamente 1% del producto interno bruto en 2022, añadió Cárdenas.
En medio de la presión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para mejorar la recaudación de impuestos, la designación del titular Servicio de Administración Tributaria (SAT) está prevista para esta semana.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una herramienta para denunciar a las empresas que emiten facturas falsas, cuyo problema deja pérdidas de 400,000 millones de pesos anuales al erario público.
GED Capital ha colgado el cartel de se vende en Gestión Tributaria Territorial (GTT), su participada especializada en el negocio de la consultoría en temas relacionados con la gestión tributaria local. Para ello, lleva meses trabajando con el banco de inversión Rothschild para que coordine la búsqueda de comprador, según ha podido saber elEconomista.
Una propuesta del partido Morena para dotar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de herramientas para sondear a las personas con mayores ingresos ha derivado en rechazo de la oposición y empresarios.
Por no haber atacado a tiempo a las factureras, permearon en todas las actividades económicas como la "humedad" y amenaza extenderse como una pandemia por América Latina, afirma el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, informa que desde el jueves 2 de julio de 2020 ha implementado el Sistema de Notificación Electrónica de actos administrativos, como mecanismo de uso preferente en las comunicaciones expedidas en materia tributaria, aduanera y cambiaria.
En el primer semestre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 33 denuncias contra 62 servidores públicos ante la Fiscalía General de la República por presuntamente cometer delitos, un aumento de 265% en estas acusaciones con respecto al mismo periodo del año pasado.
Gramaticalmente, una persona puede deliberar consigo mismo. No hace falta que concurra con nadie. La deliberación no es más que lo que los cursis llaman hacer un DAFO, es decir, ver los pros y contras de tomar una decisión, en función de los antecedentes, antes de adoptarla. Tan sencillo y tan difícil para un animal tan complejo como el ser humano.
El Paquete Económico 2021 busca darle más herramientas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para fiscalizar a los contribuyentes y permitiría que el próximo año se usen videos y fotografías para recabar información.
El sabio refranero español nos ilustra sobre ciertas situaciones complicadas al sentenciar que a menudo podemos "saltar de la sartén para caer en las brasas". En España no habíamos terminado de salir de la crisis del 2008 cuando nos hemos encontrado de repente en medio de la crisis del 2020.
El Servicio de Administración Tribuataria (SAT) informó que su titular Raquel Buenrostro Sánchez dio positivo de covid-19.
La letra pequeña del plan del Gobierno contra el fraude fiscal contiene una subida tributaria de facto en todos los gravámenes que afectan a la transmisión de inmuebles. No se trata de un alza de tipos impositivos, una acción fuera del alcance del Estado en unos impuestos transferidos a las autonomías.
La Miscelánea Fiscal 2021 dio luz verde al uso de cámaras para las tareas de documentación del fisco en contra de evasores, una herramienta que conlleva una invasión a la esfera privada, sostuvo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La pasada semana se publicaba en el BOE una orden del Ministerio de Hacienda por la que se modifica otra de 1994, de hace 26 años, y con la que se desarrolla la estructura territorial de la Agencia Tributaria. En ella se contempla la creación de las ADIs, acrónimo por el que se denominan las Administraciones de Asistencia Digital Integral.
En 2020, el gasto público en España alcanzó 586.389 millones de euros, 62.948 millones más que los 523.441 millones de 2019. El alza, pues, del gasto público en 2020 respecto a 2019, en términos porcentuales, es del 12%. Si en 2019, el gasto público representaba el 42,05% del PIB, en 2020 ha saltado al 52,28%, lo que da idea del peso que tiene el conjunto del Estado en la economía, convirtiéndose consiguientemente en el principal agente. Eso podría ser bueno, por la labor benefactora del Estado, pero, al propio tiempo, plantea serias dudas acerca de cuál es el papel que está desempeñando el Estado en nuestra economía, suscitando el interrogante de si la economía española está fuertemente intervenida.