A 1 de diciembre había inscritos en la Seguridad Social 746.900 personas cobrando del Sepe al estar inscritos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte). Cifra que no se registraba desde finales de agosto (768.837 el 30 de ese mes), según los datos aportados este miércoles por el Ministerio que dirige José Luis Escrivá. En cualquier caso, a mediados de noviembre, en concreto el 13 del mes, llegó a 775.060 beneficiarios.
En un año tan impredecible como este, el mes Noviembre nos ha dejado algo más de 25 mil parados más, hasta alcanzar los 3.8 millones, el mayor incremento desde el año 2012, un mes más, la pandemia ha provocado un comportamiento atípico de nuestro mercado de trabajo, eso ha hecho que por un lado noviembre nos deje más de 600 mil parados mas que hace un año, y que la filiación a la Seguridad Social haya subido en mas de 31 mil personas y esto supone que por primera vez desde marzo hayamos superamos los 19 millones personas y otro, que en los últimos 12 meses se han destruido casi 355 mil empleos, además de los casi 750 mil personas (este mes han aumentado en 40 mil) que continúan en ERTE y que no cuentan en estas cifras del paro.
A pesar de que los autónomos son uno de los colectivos que más a sostenido los niveles de afiliación al Reta durante este año de pandemia, también son los que más han soportado sobre sus espaldas el impacto económico de la pandemia y de las restricciones impuestas para evitar la expansión de los contagios. De hecho, hoy la Seguridad Social cuenta con apenas 1.219 trabajadores por cuenta propia menos que hace un año, y el nivel de afiliación se mantiene en el entorno de los de los 3,2 millones de trabajadores. Sin embargo, los autónomos tienen un horizonte complejo para la recuperación, con la incertidumbre sobre el avance de la pandemia en los próximos meses que determinará la capacidad de sus negocios y con un plan de ayudas que tiene, de momento, fecha de caducidad para el próximo 31 de enero. En este sentido, desde la asociación representante del trabajo autónomo UPTA reclaman al Gobierno un plan ambicioso para acompañar a pymes y trabajadores por cuenta propia en la recuperación con hasta nueve pilares de mejora que van desde la digitalización hasta la formación pasando por las modificaciones fiscales y de cotización con un coste que ascendería a los 14.000 millones de euros.
La aplicación del llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) al gasto previsto en dichas prestaciones para 2021 ofrece una idea clara de los apuros que atraviesa uno de los pilares clave del Estado del Bienestar.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este lunes que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya confirmó en el proyecto de Presupuestos Generales de 2021 que las pensiones subirán el 0,9% el próximo año. Ello añadirá, tal y como adelantó este medio, unos 1.400 millones de euros de coste adicional a la ya abultada partida presupuestaria para prestaciones de la Seguridad Social que rondará en el próximo ejercicio los 143.000 millones de euros, cerca de 11 puntos del PIB y un 3% más de lo destinado este mismo año. Lo que llevará al Sistema a acumular un déficit del 2% del PIB en 2021. Con esta premisa, según los expertos actuariales de la consultora Willis Towers Watson, garantizar la viabilidad económica del sistema público de pensiones, para cerrar el déficit, obligaría al Gobierno a llevar a cabo una reducción del gasto del 2,36%, es decir, unos 400 euros (386 euros) en la nómina anual de un jubilado medio y unos 336 euros para el pensionista medio español.
Nuevo choque en el horizonte entre PSOE y Unidas Podemos por un asunto económico, en esta ocasión a cuenta de las pensiones. La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha manifestado su rechazo a la posibilidad de elevar de 25 a 35 años el tiempo de carrera laboral para computar la pensión por jubilación y ha aseverado que todo lo que no sea mejorar el nivel adquisitivo de los pensionistas será "ir hacia atrás".
El ministro José Luis Escrivá reabre el debate sobre la elevación del número de años trabajados que se computan en el cálculo de la pensión.
La propuesta que baraja el Gobierno sobre un posible aumento del periodo de 25 años a 35 años cotizados para el cálculo de la pensión que ha trascendido en los últimos días tendrá un impacto heterogéneo entre los futuros jubilados de nuestro país. Si bien los expertos calculan que un trabajador medio, con una carrera de cotización ordinaria -con aumento progresivo de las aportaciones a la Seguridad Social- sufriría un recorte de la pensión inicial de un 5% de media, para otros empleados, la medida supondrá un balón de oxígeno y un incremento de la cuantía de la prestación respecto a lo que cobraría con la legislación actual.
De la reforma de pensiones propuesta por el Pacto de Toledo y ratificada por el Congreso se desprende una primera lectura: el gasto en pensiones mantendrá en los próximos años la senda ascendente impulsada por la revalorización de las prestaciones vinculada al IPC. Esto supondrá que en 2021 las pensiones subirán un 0,9%, lo que sumará 1.400 millones de euros al coste de la partida. Ahora bien, desde Fedea apuntan que esta medida de recuperar la indexación con el IPC sumada a la separación de fuentes iniciada por el Gobierno en los Presupuestos de 2021 con un traspaso de 14.000 millones de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado hace que la vía directa para financiar el déficit del Sistema sea la impositiva. En este punto advierten los expertos: el incremento del gasto asociado y la necesidad de cubrirlo con impuestos obligará al Gobierno a elevar el tipo de IPRF en un 50% hasta 2050, cuando se espera el pico de gasto en pensiones por la jubilación de la generación baby boom.
La deuda de las Administraciones Públicas (o deuda pública) de España bajó en octubre por primera vez en once meses, desde noviembre de 2019, según los datos difundidos este jueves por el Banco de España. En concreto, cayó a los 1,306 billones de euros.
La futura reforma de las pensiones contará con pocas medidas para racionalizar el gasto de la Seguridad Social. Entre ellas destaca el fomento de la prolongación de la vida laboral, pero este propósito corre el riesgo de aplicarse tarde.
Las medidas que pretende impulsar el Gobierno en materia de pensiones y la prolongación de los Erte durante al menos la primera mitad del próximo año, provocará a partir de 2021 una cascada de prejubilaciones en España que ya descuentan los expertos, siendo esta una de las principales vías a las que se podrán acoger las empresas para llevar a cabo el ajuste de plantilla una vez se despejen las incógnitas que aún apareja la crisis sanitaria.
La reforma de las pensiones avanza. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado ya su propuesta para negociar con los agentes sociales, en la que estaría incluida una subida de un 4% de la pensión por cada año completo cotizado más allá de la edad ordinaria de jubilación. Ahora el incentivo por seguir trabajando es de un 2% para los que tengan 25 años cotizados, del 2,75% con hasta 37 años y de un 4% con 37 años en adelante.
El horizonte financiero de la Seguridad Social se prevé tenso a pesar de la llegada de los fondos europeos en 2021 por la caída de ingresos que supondrá la destrucción de empleo, pero la lectura a largo plazo es demoledora: el Estado debería acumular en sus arcas 3,6 veces el valor del PIB para poder pagar todas las futuras pensiones de los actuales cotizantes. Es decir, los derechos de pensión que están acumulando los actuales trabajadores españoles con sus aportaciones al Sistema en forma de cotizaciones sociales asciende a 4,3 billones de euros.
La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 9.985,26 millones de euros a 1 de diciembre, un 2,31% más que hace un año, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El año 2021 marca un cambio en los medios para ayudar a la Seguridad Social a paliar sus dificultades de financiación. La solución basada en parchear esta Administración con créditos del Estado no se empleará más, ante las críticas que ha cosechado por parte de instituciones como el Tribunal de Cuentas.
La Seguridad Social afronta en 2021 un cambio de paradigma en el plano financiero, y más concretamente en lo que respecta a las inyecciones de dinero adicional que recibe desde hace ya algunos ejercicios para poder enfrentar los todos los compromisos de pago anuales cuando los ingresos por cotizaciones no cubren la totalidad de la factura.
Las cotizaciones sociales de los autónomos se elevarán entre 3 y 12 euros desde enero, según la base por la que coticen, de acuerdo con el Real Decreto-ley, de 28 de diciembre de 2018, que contemplaba un incremento de los tipos de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad en 2019, 2020 y 2021.
Euskadi tendrá que esperar, como mínimo, hasta junio del próximo 2022, para recibir la transferencia del régimen ecónomico de la Seguridad Social, la última cesión que aparece en el calendario acordado con el Gobierno central y con la que se completarán los 29 traspasos pendientes recogidos en el Estatuto de Gernika.
La situación social de los españoles menores de treinta años es, en verdad, lamentable. Por ejemplo, en octubre de 2020 la tasa de paro entre los jóvenes menores de 25 años (de ambos sexos) era del 40,4%, la más alta de la zona euro (18,7%) y de la UE a 27 (17,5%) y muchísimo mayor que en Alemania (6,0%) o en Japón (5,0%).
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha pedido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que amplíe hasta marzo la prestación por cese de actividad ante "las previsiones catastróficas" para la primera mitad de 2021. El último paquete de ayudas para autónomos tiene fecha de caducidad el próximo 31 de enero, y ante el preocupante avance de la pandemia tras el periodo vacacional ya desde el Ejecutivo asumen que estas prestaciones extraordinarias para trabajadores por cuenta propia deberán ser extendidas durante el primer semestre de este año.
La propuesta que está barajando el Gobierno sobre el aumento de 25 a 35 los años cotizados para el cálculo de la pensión y la consecuencia de la medida, un recorte medio de las nuevas pagas del 5,5%, ya hacía prever la disconformidad con la misma de parte del Gobierno, tal y como ha confirmado en las últimas horas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al asegurar que "es un recorte, sencillamente" y como a confirmado este mismo jueves una de las voces autorizadas de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, asegurando que sui partido no va a callar si Escrivá impulsa la "incomprensible" reforma de pensiones, que "rescata" las tesis del PP.
El debate sobre las jubilaciones anticipadas, y su impacto en el déficit de la Seguridad Social, volvió a abrirse el año pasado. Fue entonces cuando, una vez más, volvieron a ponerse de manifiesto los problemas financieros que plantea.
Recurro por segunda vez en esta legislatura a esta frase que fue eje de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 que le llevó a la Presidencia. Pero lo hago esta vez no en referencia a las grandes cifras macro, sino para aludir a la economía real, a las cosas de comer que diría el castizo, o de la luz para ir acorde con los tiempos.
El 2020 ya terminó. Un annus horribilis en el que el primer mundo ha temblado ante una pandemia que sigue dejando miles de víctimas cada día.
El 9 de enero un diario médico decía que España había contabilizado en las últimas 24 horas 25.456 nuevos contagios por Covid-19, el segundo peor dato de toda la pandemia. La incidencia acumulada en los catorce días anteriores fue de 350 casos por 100.000 habitantes. Desde el inicio, las fechas oficiales del Ministerio de Sanidad sumaban en esa fecha 51.874 fallecimientos con 2.050.360 personas contagiadas.
La jubilación anticipada constituye la opción elegida para su retiro por el 40% de los trabajadores en España. En otras palabras, cerca de 132.000 personas salen de la población activa por esta vía cada año. Se trata de un número los suficientemente cuantioso como para provocar consecuencias de gran calado en la Seguridad Social.
Las jubilaciones anticipadas de los trabajadores españoles, la opción de retiro elegida por un 40% de ellos según el Banco de España, suponen que la Seguridad Social deja de ingresar cada año 1.150 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. Unas aportaciones que deberían seguir realizando estos trabajadores pero que se frenan, de media, un año y medio antes de lo que marca la ley, e implican una pérdida de ingresos que deja de recibir el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país.
Las pensiones públicas se cuestan alrededor de un 11% del PIB cada año, una cantidad que se va a ir incrementando a medida que la vasta generación del baby boom se jubile. A día de hoy, la Seguridad Social presenta un fuerte desequilibrio que irá en aumento si no se toman medidas, lo que generará un mayor déficit público estructural y una deuda pública más elevada todavía. Se necesitan tomar medidas por el lado del gasto y de los ingresos.