La negociación entre Gobierno y agentes sociales para prorrogar los Ertes de fuerza mayor más allá de este mes apenas ofrece alivio a las empresas. Las peticiones de las patronales y de UGT de que la extensión llegue a diciembre siguen puestas en duda. Pero también el plazo más probable para su caducidad, el 30 de septiembre, se somete a cambios no previstos.
El Gobierno ampliará la ayuda extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos más allá del 30 de junio, tal y como va a ocurrir con los ERTE de fuerza mayor para los asalariados. Así lo confirmó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una rueda de prensa telemática ofrecida en el Consejo General de Economistas y donde aseguró que aún no se pueden confirmar las condiciones en las que se prorrogará esta ayuda ya que aún está siendo acordado con los agentes sociales, las asociaciones representantes del trabajo autónomo, y que además debe pasar el filtro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. "No puedo anticipar nada porque lo estamos viendo con los agentes sociales. Tenemos que pasarlo por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, pero estamos trabajando en un esquema de prolongación mas allá de junio con una parametrización similar a la actual, tanto en los ERTE como en los autónomos. Tenemos que afinar algunos elemento", aseguró el ministro.
Los programas de inclusión que acompañarán el cobro del nuevo ingreso mínimo vital cuentan con un amplio espectro de actuaciones sobre diferentes ámbitos de necesidades que refieren las personas que son beneficiarias de la ayuda y que en muchas ocasiones se ven condicionadas en su futuro acceso al mercado laboral por cuestiones relativas a su situación personal vital. De este modo, algunas de las cuestiones que abordará el denominado itinerario de inclusión serán programas para tratar la drogadicción, terapias de tratamiento psicológico y programas de formación profesional para cubrir las lagunas educativas, antes de incorporar a los potenciales beneficiarios al mercado de trabajo. Concretamente, el Gobierno calcula que en esta situación de partida se encontrarían hasta un tercio de los beneficiarios que se encuentran en "la trampa de la pobreza".
El gozo en un pozo. Las esperanzas que tenía el Gobierno de Sánchez de que Europa transfiera gratis 77.000 millones durante los próximos cuatro años para reconstruir la maltrecha economía española se esfumaron esta semana. Un alto funcionario europeo reconoció en un off the record con varios corresponsales que sacar adelante el fondo de reconstrucción será "muy difícil" y puso en duda que pueda estar disponible para finales de este ejercicio.
Los trabajadores autónomos están resistiendo el vendaval que ha provocado la pandemia en el mercado laboral español con un menor volumen de pérdida de afiliación que el resto de regímenes de cotizantes a la Seguridad Social, concretamente, tres veces menos. Esto se traduce que el colectivo de trabajadores por cuenta propia reflejó a finales del mes de mayo una caída ocupados respecto al mismo mes del pasado año, incluyendo por lo tanto el efecto de la crisis sanitaria, del 1,74%, lo que supone en el Reta se encuentran hoy inscritos 56.948 trabajadores menos que hace un año. Sin embargo, el golpe para el colectivo de los asalariados es exactamente tres veces mayor, con una pérdida del 5,21% en comparación con el número de registros de hace un año, lo que supone 776.083 cotizantes menos.
Este lunes 15 de junio se inicia el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital (IMV). Alrededor 76.000 familias lo recibirán de manera automática. El resto de personas solicitantes lo tendrán que hacer vía web, hasta que abran las oficinas de la Seguridad Social. El organismo ha pedido a las policías locales y delegaciones de Gobierno que refuercen la seguridad de las mismas, cuando reinicien la actividad en los próximos días. La web del ministerio donde se puede realizar el trámite funciona a pleno rendimiento.
Este lunes 15 de junio se inicia el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital, la nueva prestación aprobada por el Gobierno para "reducir el nivel de pobreza y exclusión", según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El simulador informático de la Seguridad Social sobre el ingreso mínimo vital colapsó ayer, sobrepasado por el volumen de visitas.
Trabajo vuelve a tensar sus negociaciones con los agentes sociales, en lo que respecta a la vigencia de los Ertes por fuerza mayor. El Ministerio se muestra inflexible en su directriz de que esos expedientes se prorroguen hasta septiembre, siempre que se rebajen las bonificaciones en los pagos a la Seguridad Social a los que dan derecho.
Las pensiones se incluyen en el plan de reformas que el Gobierno remitirá a la UE para acceder a las ayudas europeas contra la epidemia. El Ejecutivo se afana en quitar relevancia a ese propósito, argumentando que no define medidas concretas.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha pedido a los grupos parlamentarios que se pongan de acuerdo en el Pacto de Toledo y cierren las recomendaciones pendientes este año, entre las que deberían incluir desincentivar la jubilaciones anticipadas. El ministro ha explicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado las prioridades de su departamento para esta legislatura y ha recordado que el gasto en pensiones aumentará 2,5 puntos el gasto público en 2045 cuando haya 11 millones de pensionistas.
En vísperas de abandonar el estado de alarma y recuperar la movilidad en todo el Estado, entre determinados dirigentes autonómicos y locales y entre algunos ignorantes y fanáticos de esos territorios se ha despertado un nuevo virus en forma de madrileñofobia, que en este caso afecta directamente al entendimiento y la razón de quién lo transmite y se contagia. Una especia de racismo o xenofobia emanado intencionadamente por resentidos y arribistas y propagado por necios y serviles.
El nuevo acuerdo sobre los Ertes de fuerza mayor se da ya casi por descontado. La negociación entre el Gobierno con patronal y sindicatos genera avances, ya que Trabajo se muestra dispuesto a respetar, en gran parte, la principal ventaja que estos expedientes aportan: la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social.
La sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones está comprometida, tal y como reflejan los informes más recientes publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Banco de España y la Comisión Europea. Como conclusión de los mismos, España debe tomar medidas para garantizar la sostenibilidad y preservar la suficiencia futura del sistema y, sin embargo, las últimas modificaciones normativas aprobadas en materia de jubilación y pensiones no suponen, desde luego, ningún avance. Ante el riesgo de que las reformas necesarias del sistema público de pensiones sigan posponiéndose, el sector privado, que ha demostrado su compromiso en esta crisis, tiene en su mano la responsabilidad para con sus trabajadores de contribuir a que tengan un futuro digno cuando llegue a fin su vida laboral. Una actuación que, sin duda, se enmarca en ese nuevo propósito de la empresa de crear valor en el medio y largo plazo no sólo a sus accionistas, sino también a sus empleados y la sociedad en general.
La reunión de Trabajo con los agentes sociales se saldó ayer con la aceptación, por parte del Gobierno, de la prórroga de los Ertes de fuerza mayor total hasta octubre. Se ha logrado que su vigencia, por tanto, no decaiga el día 30 de este mes, pero conviene moderar todo triunfalismo.
La pandemia de coronavirus ha descuartizado todas las proyecciones económicas de los países occidentales para este año y asestado un severo golpe a los mercados de trabajo que ha terminado por instalar una crisis económica de proporciones desconocidas y con una evolución incierta, si bien la mayoría de organismos de estudio macroeconómicos internacionales apuntan a que nuestro país no recuperaría el nivel del PIB previo a la crisis sanitaria hasta el 2023. En España, precisamente, este shock económico ha impactado con especial dureza en el mercado laboral ya que entre las personas que han perdido su empleo durante los últimos dos meses y aquellos trabajadores que se han visto afectados por un ERTE, además de los autónomos que han cesado actividad se contabilizan hasta 7,4 millones de personas que han sido expulsadas de alguna manera del mercado laboral a causa de la pandemia del Covid-19.
Fumata blanca para el acuerdo entre el Gobierno y los autónomos para extender más allá del 30 de junio la red de protección para el colectivo aprobada por el Ejecutivo con motivo de la pandemia de coronavirus. Finalmente, tras duras semanas de negociación el Gabinete del ministro José Luis Escrivá y las asociaciones representativas del trabajo autónomo han acordado la eliminación de la ayuda extraordinaria por cese de actividad que se aprobó en el primer paquete de medidas económicas por la crisis sanitaria de 660 euros a partir del 30 de junio. Como contraparte, se facilita el acceso de los trabajadores por cuenta propia al modelo ordinario de cese de actividad, pero con mejoras, y se aprobará el subsidio extraordinario para aquellos autónomos de temporada que no han podido iniciar su actividad económica en estos meses por causa de las restricciones.Cabe recordar que este subsidio había sido reclamado por UPTA con insistencia en las últimas semanas, así como por ATA y UATAE, y que finalmente supondrá una protección crucial para este colectivo que aún no ha recibido ningún tipo de ayuda desde el incio de la pandemia. "Viven de lo que producen fundamentalmente en los meses estivales, es importante para las economías familiares", señalaba en la rueda de prensa de presentación del acuerdo el presidente de UPTA, Eduardo Abad, subrayando que con el consenso alcanzado este jueves "se esfuma la incertidumbre para miles de autónomos" gracias a este "balón de oxígeno". Del mismo modo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, destacó durante la presentación que este acuerdo se sustenta sobre las propuestas y peticiones realizadas por estas asociaciones representantes del trabajo autónomo durante las últimas semanas, en lo que destaca la capacidad de consenso para extender estas ayudas, cuyo coste ha cifrado entre prestaciones y exoneración en 3.500 millones de euros.
Tras más de tres meses de parón por el impacto del coronavirus, las oficinas de la Seguridad Social han reabierto sus puertas este jueves para la atención al cliente. Un proceso en el que es imprescindible la obtención de cita previa.
Llega el mes de junio, uno de los más complicados y que más tensiona las arcas de la Seguridad Social, al abonarse en estos días la primera paga extra de los pensionistas del año. El Estado tendrá que desembolsar este mes, de golpe y porrazo, la friolera de casi 20.000 millones de euros en los dos ingresos que percibirán los pensionistas de nuestro país. Según informó este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la nómina ordinaria de este mes asciende a 9.862 millones de euros, mientras que la extra suma al desembolso otros 9.586 millones de euros, agregando un gasto de 19.448 millones, exactamente. Cabe recordar en este punto la delicada situación financiera que atraviesa la Seguridad Social al ser el organismo sobre el que está impactando la gran mayoría de las ayudas aprobadas por la pandemia y que según la AIReF ello supondrá que el déficit que venía registrando en los últimos años, en el entorno de los 18.000 millones de euros se triplicará al finalizar el presente ejercicio hasta los 60.000 millones de euros, lo que supone 5 puntos porcentuales de PIB.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las asociaciones de autónomos sitúa un nuevo marco para el trabajo autónomo hasta el próximo 30 de septiembre, fecha en la que decaerían las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de este viernes. Se prolonga así la red de protección para los trabajadores por cuenta propia, los más afectados por el parón de la actividad económica que instauró el decreto de estado de alarma. Estás son las claves para solicitar las nuevas ayudas para autónomos aprobadas por el Gobierno:
La Administración Pública está sufriendo en estos momentos los efectos del cuello de botella que ha generado el estallido de la pandemia y la gran afluencia de ciudadanos que solicitan las ayudas aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis económica. La Seguridad Social no se ha librado tampoco del atasco en sus oficinas, que según denuncian fuentes de CSIF ya retrasa pagos de ayudas hasta tres meses debido a estos factores, a lo que suma la dificultad de liberar el trabajo acumulado a una plantilla mermada que en los últimos diez años ha perdido un 21% de su plantilla.
La recuperación del mercado laboral pierde fuelle en junio tras la buena respuesta del pasado mes, y da síntomas de la debilidad de la temporada veraniega que afrontan los agentes económicos. Según los últimos datos de empleo ofrecidos por el Gobierno en el mes de junio el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.624.337 personas, lo que representa un aumento de 68.208 cotizantes respecto a la media de mayo tan solo un 0,37% más, mientras que en el mismo periodo el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en 5.107 personas. Ambas cifras, dibujan una senda menos peligrosa que la observada en los meses anteriores, si bien supone el peor dato de afiliación en un mes de junio en cinco años y el primer incremento de parados en este periodo desde 2008.
La sombra de la pandemia sigue siendo muy alargada para nuestro mercado de trabajo. Como todos sabemos, como consecuencia de la temporada estival, junio suele ser un buen mes para el empleo, pero este año, como todo lo que está sucediendo, es distinto: el paro ha aumento levemente en algo más de 5 mil personas, dejando la cifra de desempleados en 3,86 millones, y la afiliación a la Seguridad Social, por su parte, ha avanzado con un saldo medio final de 68.mil afiliados dejando la cifra total en 18,6 millones. Lo sucedido el último día desvirtúa este dato ya que se perdieron 160.000 afiliados.
La cornada que la pandemia ha asestado al mercado laboral es de proporciones bíblicas. No cabe duda que estamos ante el desplome de afiliaciones e incremento de parados más abrupto de la historia de nuestro país, como constatan las cifras que publican mensualmente la Seguridad Social y Trabajo. Pero sin embargo, la relación de los datos aún no da la cara de la verdadera pérdida de puestos de trabajo que afronta nuestro mercado laboral. Tanto es así que sumando las personas que se encuentran inscritas en las listas del paro y los trabajadores incluidos en un ERTE que aún no han sido reactivados en la Seguridad Social, la cifra de expulsados del mercado laboral asciende a 6,1 millones de personas, que trasladado al desempleo implicaría una tasa de paro del 26,5%, doce puntos por encima de la que refleja el listado del SEPE a cierre del primer trimestre.
La epidemia alteró por completo el calendario de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El regreso a la normalidad, sin embargo, permitirá que el organismo retome en breve el debate sobre la nueva reforma del sistema de pensiones.
El organismo es responsable de las ayudas directas a los autónomos por cese de actividad de carácter extraordinario, también de la ayuda especial para empleadas del hogar y de exenciones en la cuota de cotización de los empleadores y de los trabajadores inscritos en ERTE y la prestación por desempleo.
La nómina de prestaciones contributivas y no contributivas sufre el primer retroceso de la historia de casi 27.000 millones de euros en solo 30 días.
El Informe de Evaluación y Seguimiento de las Recomendaciones de los Acuerdos del Pacto de Toledo se cerró el pasado diciembre de 2019 sin consenso suficiente por parte de los Grupos Parlamentarios y por lo tanto su aprobación quedó pendiente para esta nueva legislatura. Sin embargo el Borrador elaborado sin duda servirá de base del nuevo debate que ya ha vuelto a quedar abierto en marzo de 2020, retrasado por las condiciones impuestas por la COVID-19, pero que se pondrá definitivamente en marcha de nuevo en septiembre de este año.
Los primeros pasos del ingreso mínimo vital no están siendo ajenos a las habituales disfunciones, de carácter operativo, que surgen alrededor de la aprobación de una nueva prestación de este calado a nivel nacional. La pasada semana, la vicepresidencia y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, reconocía en público que se habían producido pagos duplicados del ingreso mínimo vital en la región y aseguró que se seguirían produciendo ante la falta de definición de la colaboración entre la administración central y el órgano autonómico. Ahora bien, el Gobierno reconoce estas duplicaciones en el pago, pero advierte de que se reclamará el reembolso de todos ellos, "por su puesto".