El envejecimiento de la población debido al progresivo incremento de la esperanza de vida tendrá consecuencias en términos económicos no solo para el sistema de pensiones español sino que también se traducirá en una fuerte presión para el desembolso que efectúa cada año el Estado en sanidad y cuidados de personas dependientes, así como en el coste de los productos farmacéuticos. En suma, el avance de la longevidad tendrá un efecto aparejado de incremento del gasto asociado a esta causa en todos los segmentos, siendo las arcas públicas responsables de sufragarlo en su mayor parte. Concretamente, el propio Gobierno estima que la partida para Sanidad de los Presupuestos Generales del Estado esté dotada con 76.600 millones de euros para el próximo año (un 6% del PIB) y con 78.000 millones de euros para 2021.

Los trámites asociados al inicio de una actividad por cuenta propia pueden resultar engorrosos para quienes se constituyan como autónomos por vez primera y desconozcan el procedimiento, un procedimiento que sigue un orden y que en las próximas líneas se detallan en forma de hoja de ruta.

El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de revalorizar las pensiones conforme a la inflación, y su voluntad de que esta sea la norma para actualizar las pagas de forma anual, puede traer más de un dolor de cabeza a los gestores del organismo encargado de pagar las pensiones en España. De hecho, si por el camino no se toman medidas complementarias de ajuste del gasto o incremento de los ingresos, el Ejecutivo de turno habrá de lidiar con un déficit contributivo de las pensiones que crecerá progresivamente en próximas décadas hasta alcanzar un volumen anual cercano a los 100.000 millones de euros.

Una de las características fundamentales del sistema público de pensiones español es su elevada generosidad en comparación con el resto de países del entorno comunitario. En este sentido, el jubilado medio español recibe por parte de la Seguridad Social más dinero de pensión que la suma de todas las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral, concretamente, unos 89.600 euros al final de la jubilación. Ello, supone que cada año recibirá unos 4.480 euros sin haberlos cotizado y unos 319 euros al mes.

El comportamiento del mercado laboral español el mes pasado muestra un comportamiento aparentemente anómalo. Por un lado, el cómputo del número de parados muestra un avance récord de casi 100.000 personas con respecto a septiembre, el mayor aumento desde un año de recesión económica como fue 2012. Sin embargo, la creación de empleo mostró también un avance notable, con 106.541 afiliados más.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha afirmado este martes que el paro también ha aumentado en octubre porque hay más confianza en encontrar un trabajo, lo que hace que la gente se apunte a los registros del desempleo. "La población demandante de empleo crece por las expectativas en el mercado laboral", ha apuntado.

Uno de los grandes puntos de conflicto que rodea al sector de los planes de pensiones privados es la eficacia de la fiscalidad que se aplica a los mismos en términos de repercusión en las arcas del Estado. Pues bien, según la tributación media por IRPF aplicada a los rescates de los planes de pensiones privados -16 por ciento- y teniendo en cuenta la cuantía anual de los mismos, estos productos de ahorro dejaron el pasado 2018 en los fondos de Hacienda cerca de 800 millones de euros. Una cifra que se ha incrementado en un 22 por ciento desde el inicio de la crisis económica de 2008 -7.500 millones en estos once años- cuando estas inversiones de ahorro aportaban a las arcas del Estado poco más de 662 millones de euros.

El ritmo de creación de empleo entre los trabajadores extranjeros triplica la tasa general, un fenómeno tras el que se esconde una mayor precariedad, ya que los trabajadores foráneos tienen mayoritariamente ocupaciones elementales, salarios más bajos y tasas de temporalidad y parcialidad más altas.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social contendrá unos testimoniales 1.500 millones tras abonar la paga de navidad a los pensionistas. De hecho, ese plus no sólo exigirá 3.600 millones de la hucha de las pensiones, sino también otro préstamo a fondo perdido del Estado, el segundo de 2019.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha elevado el volumen de información que brinda a los cotizantes en sus informes de vida laboral, pero sigue sin enviar la conocida en los países nórdicos como 'carta naranja', un documento en el que cada trabajador es informado, además, de la futura pensión que recibirá y que se torna cada vez más necesario para la planificación financiera de la jubilación. Ello, aparte de que en 2011 se rubricó por ley la obligación de enviarla y pese a estar recogida su necesidad en las recomendaciones del Pacto de Toledo.