El Pacto de Toledo trabaja a marchas forzadas intentando lograr un acuerdo sobre la reforma de pensiones con la mayor prontitud posible, antes de la aprobación de los Presupuestos Generales. Una de las cuestiones que saldrá de las recomendaciones que los partidos presentes en la Comisión eleven al Ministerio de Seguridad Social es el mantenimiento de la jubilación a los 60 años para los funcionarios de clases pasivas (profesores, funcionarios de carrera de la Administración Central, militares de carrera, jueces, fiscales, guardias civiles, policías, etc.) una vez se apruebe la reforma, tal y como habrían acordado tanto PSOE como PP. | Editorial: Régimen privilegiado de jubilación.

El Pacto de Toledo estudia la posibilidad de desviar hasta 12.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones por desempleo que va a parar al Sepe a los fondos de la Seguridad Social para afrontar futuros gasto en pensiones. Concretamente, el documento sobre el que trabajan los partidos representados en la Comisión parlamentaria encargada de emitir las recomendaciones para la reforma del sistema público, recoge la posibilidad de derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al Sepe hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.

Una parte de los autónomos está en contra de fijar un sistema de cotización por ingresos reales, al menos en este momento. Así lo ha advertido la organización de autónomos ATA, que señala que, aunque tiene "todo el sentido" adecuar progresivamente las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales, no es el momento de hacerlo en el contexto actual ni parece "factible" desde un punto de vista operativo y práctico. Este sistema se traduciría, según ATA, en un aumento de las cotizaciones para el 70% de los autónomos.

Gobierno y asociaciones representantes de los trabajadores autónomos avanzan con paso firme en la negociación de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la que el principal cambio que se negociará es la configuración de un sistema de cotización a la Seguridad Social por parte de este colectivo en función de sus ingresos reales. Por un lado, incrementaría en principio la aportación media de este colectivo que en su inmensa mayoría escoge aportar el mínimo exigido a la Seguridad Social pero que por contra mejoraría ciertas prestaciones de estos trabajadores como el cese de actividad o la pensión.

La reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta) que prepara el Gobierno y que será abordada con las asociaciones de autónomos prevé un cambio principal en las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia: la aportación a la Seguridad Social en base a los ingresos reales. Se trata de una medida que el ministerio capitaneado por José Luis Escrivá ya ha anunciado pondrá en marcha y que ahora será negociada con las entidades representativas de este colectivo pero que parece claro se sustentará en un modelo de cotización por tramos, que haga de este régimen un sistema más contributivo. De entrada, al margen del detalle de las propuestas que ya se van deslizando tanto desde la administración como desde la organización, se entiende que de la reforma saldrá por un lado un ajuste de cotización tanto para aquellos que sobrecotizan en relación a sus ingresos netos como para los que infracotizan. La contrapartida, eso sí, sería directa en una mejora de las prestaciones por cese de actividad y de las pensiones de jubilación abonadas por la Seguridad Social, por lo que los cambios en la cuota iría aparejados de una mejora de las coberturas sociales para el colectivo.

El Gobierno en su RDL 30/2020 de 29 de septiembre estableció una línea diferencial entre las empresas que a partir del pasado 1 de octubre siguen en Erte y que mantienen a algo más de 728.000 trabajadores cobrando del Servicio Público de Empleo: unas tienen derecho a que la Seguridad Social las exonere de parte del pago de la cotización de sus empleados y otras tienen que afrontar integras las cuotas aunque sus asalariados continúen en el Sepe.

La posible reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta) que se avecina tras el anuncio del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para ajustar las cotizaciones del colectivo de autónomos tendría un impacto directo sobre cerca de 700.000 trabajadores que automáticamente verían incrementarse la cuota que abonan mensualmente a la Seguridad Social. Se trata de una medida, que tal y como apuntan desde el Ejecutivo, serviría para dotar de contributividad al modelo de cotización del trabajo autónomo y que implicaría una mejora en las prestaciones vinculadas al nivel de aportaciones, como el cese de actividad (cierre del negocio) o la pensión de jubilación. Sin embargo, en plena pandemia, una medida que implique un incremento de la cuota para un elevado volumen de autónomos podría tener un efecto contraproducente en los baremos de afiliación la Reta.

Hasta cuatro cambios de requisitos ha aplicado en los últimos días la Seguridad Social para agilizar el atasco que aún persiste en las aprobaciones de expedientes del ingreso mínimo vital. Los esfuerzos de la Administración para depurar con la mayor velocidad posible las peticiones de ingreso mínimo vital parecen no estar surtiendo efecto a tenor de los retrasos existentes en las concesiones de esta ayuda. Concretamente, el Gobierno reconoce haber recibido desde el día 15 de junio casi un millón de expedientes, cuya magnitud se entiende porque la cifra es equivalente a los expedientes de pensiones que resuelve en un año completo pero a día de hoy, solo unas 470.000 han sido procesadas y comenzadas a analizar (47%) y de ellas, se han concedido 90.800, lo que significa un 9,2% del total de las recibidas.

A pocos días del toque de corneta para arrancar la reforma del sistema público de pensiones, una vez el Pacto de Toledo resuelva el documento de recomendaciones y que según ha podido saber elEconomista podría tener lugar en las próximas semanas, la reforma de pensiones parece tener ya cara y ojos a la luz de las observaciones realizadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en la Comisión parlamentaria del ramo. Concretamente, los cambios que llegan para las jubilaciones futuras se sustancia en seis aspectos, a pesar de que serán hasta 21 las recomendaciones que emita el Pacto de Toledo de la reforma.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) apuesta por que las cotizaciones de autónomos se hagan en función de los ingresos reales y pide con este cambio que haya "justicia contributiva" en el sistema de aportaciones del trabajo autónomo. Según señaló este viernes en un comunicado, todos los autónomos deberían poder elegir libremente entre el mínimo y el máximo que se establezca en los distintos tramos, pero la regularización por exceso o por defecto debe hacerse cuando tengamos los datos de los rendimientos de trabajo una vez finalizado el año fiscal.

Según las declaraciones concretas realizadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que aseguraba esta semana que las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, del mismo modo que ha ocurrido este año, y el coste que ello implica en función de la inflación prevista, el Gobierno asume un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%.

El Gobierno anticipa ya una subida de las pensiones en 2021 de idéntica cuantía a su previsión sobre la inflación para ese año: un 0,9%. El contexto económico es sumamente incierto y no puede descartarse la posibilidad de que la lenta recuperación del consumo mantenga la inflación en niveles tan bajos como los actuales, muy inferiores a ese 0,9%.

Una realidad perversa del sistema de pensiones español se da a raíz del modelo de jubilación anticipada, que según el reglaje de porcentajes de penalización por cada año que se adelanta el retiro resulta en su cómputo final más ventajoso para las rentas altas y más gravoso para las más bajas. Ahora, como ya adelantó elEconomista y ya ha anunciado el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en sus últimas comparecencias, la intención es la de establecer un marco que por un lado incentive la permanencia en el puesto de trabajo más allá de la edad legal al tiempo que haya desincentivos para adelantar ese retiro.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciado que la propuesta de sistema de cotización de ingresos reales solo beneficiará a 1,5 millones de autónomos y dejará fuera a la mitad de los más de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en la actualidad.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha realizado una propuesta inicial de sistema de cotización por ingresos reales a las principales organizaciones de autónomos en el que plantea que los trabajadores por cuenta propia elijan su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos que tendrán. La mayoría, según los cálculos del Ministerio, pasaría a cotizar menos, pero existe un grupo al que le pasaría lo contrario. 

El Gobierno central ha remitido al Ejecutivo vasco un nuevo calendario para completar el Estatuto de Gernika, con el traspaso de 30 competencias pendientes. De acuerdo a la propuesta se espera cerrar en marzo de 2021 la transferencia de prisiones y concluir en mayo de 2022 los estudios para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social.

Seguridad Social: aún bajo mínimos de plantilla

Realizar cualquier trámite en las oficinas de la Seguridad Social se ha convertido en una tarea casi hercúlea. Así lo indican los conocidos retrasos en la tramitación de jubilaciones, o en las solicitudes del ingreso mínimo vital. Estos problemas son ya tan evidentes que han obligado al Ejecutivo a reconocer la existencia de un colapso en la administración, que arrancó en marzo por la mayor carga de trabajo a raíz de la pandemia del coronavirus. Pues bien, a pesar de los meses que han pasado desde entonces, todo indica que los problemas en la Seguridad Social persisten, y no tienen solución a corto plazo. Buena prueba de ello son los intentos del Ministerio comandando por José Luis Escrivá de reclutar personal en las bolsas de trabajo de las Subdelegaciones del Gobierno. Con todo, se rumorea que este recurso no está funcionando en varias provincias, porque carecen de candidatos que puedan echar una mano a la Seguridad Social. Ante esta situación, desde el entorno de Escrivá se indica que el siguiente paso será contratar desempleados inscritos en el Sepe.

La revalorización de las pensiones en 2021 con el IPC (0,9%, según estima el Gobierno) tendrá un coste de 1.439 millones de euros, de acuerdo con las previsiones que realiza el Ejecutivo en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas.

El Gobierno apuró los plazos para cumplir con la obligación de enviar a Bruselas su plan presupuestario para 2021, aunque no estén aprobadas aún las Cuentas, para que la Comisión lo corrija. Sin embargo, no será fácil que el Ejecutivo comunitario lleve a cabo esa tarea, debido a la total oscuridad en que están sumidas tanto las previsiones sobre ingresos fiscales como, lo que es más grave, las que se refieren al gasto público.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a más de 136.000 hogares el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el 41,5 % del total de expedientes resueltos hasta la fecha, mientras que ha denegado 192.000 solicitudes, el 58,5 % restante.

Uno de los secretos mejor guardados sobre el impacto económico de la pandemia en las cuentas de la Seguridad Social fue revelado por el Gobierno en la hoja de ruta presupuestaria enviada a Bruselas esta semana: el coste para el Estado de las exoneraciones de cotización para empresas y autónomos ascenderá este año a los 9.225 millones de euros. Concretamente, no se trata de un desembolso sino que este es el dinero que espera dejar de ingresar en el Sistema la Seguridad Social por las diferentes medidas de apoyo impulsadas en los peores meses de la pandemia para mitigar la destrucción de empleo y la erosión del tejido productivo.

Tras la primera reunión entre el Gobierno y las asociaciones representantes del trabajo autónomo para abordar la negociación de la reforma del Reta, el Ministerio de Seguridad Social arrojó algo de luz sobre las líneas fundamentales de los cambios normativos previstos en el sistema de aportaciones de este colectivo. Y tendrá, en primera instancia más beneficiados que perjudicados. Por un lado, como ya avanzó este periódico se espera que 700.000 trabajadores de este colectivo vean elevarse su cuota con el sistema de cotización en base a ingresos reales aún en proceso de aquilatamiento y estudio. Pero más de un millón de los 3,2 millones de actuales cotizantes al Reta verían reducirse sus aportaciones mensuales a la Seguridad Social.

Con el Pacto de Toledo al borde del acuerdo para las recomendaciones de la reforma de pensiones, habrá algunas cuestiones que eleve la Comisión que deberán someterse a examen durante los próximos meses, como la despenalización de las carreras de cotización de 40 años o más. Concretamente, los partidos políticos impondrán un plazo de tres meses al Gabinete de José Luis Escrivá para analizar el impacto presupuestario que supondría abrir la puerta para la entrada en el sistema de jubilaciones de estos trabajadores con largas vidas laborales. Si bien, los expertos consultados por elEconomista ya advierten de que una medida en este sentido a las bravas, que inicie una sangría de prejubilaciones, supondría un estocazo a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, que ya carga cada año con un déficit de 18.000 millones de euros y que este año se irá a los 25.000 millones por el impacto de la pandemia.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha sido condenado en firme a pagar 11.040 euros por la contratación irregular de su asistente, después de haber desistido de su recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que reconoció la existencia de una relación laboral especial por cuenta ajena" entre el diputado y su empleado.

Las cotizaciones efectuadas por un jubilado parcial, durante el periodo en que se encuentra en situación de contrato de relevo, deben computarse con arreglo al 100% del salario que le habría correspondido si hubiese trabajado a tiempo completo, una vez que pase a la jubilación completa, según lo determina el Tribunal Supremo, en sentencia del 1 de octubre de 2020.

El Pacto Toledo rechaza la propuesta del Gobierno de incrementar las cotizaciones para los asalariados del régimen general, no así para los trabajadores autónomos.

El Pacto de Toledo, en las postrimerías de la negociación para alumbrar las recomendaciones de la reforma del sistema público de pensiones, no solicitará al Gobierno una revisión de las cotizaciones para los trabajadores del régimen general de asalariados. Ello implica de facto que, en este momento no abogan por tocar las cotizaciones de estos asalariados, tanto de rentas altas como de rentas bajas y medias. Algo que sí ocurrirá para el régimen especial de trabajadores autónomos (Reta), donde sí que se solicitará dar un paso más hacia la convergencia de regímenes de la Seguridad Social, articulando un sistema de aportaciones en base a los ingresos reales. Esta decisión de salvar a los asalariados de una eventual subida de las cotizaciones tiene sentido en el actual contexto de crisis económica, donde puede ser contraproducente el aumento de los costes para la contratación, pero también tapona por el momento una de las vías para aumentar los ingresos, las cotizaciones sociales, que caerán un 2,5% en 2020.

El Pacto de Toledo ultima las reuniones para sacar adelante las recomendaciones para la reforma de pensiones, aunque aún quedan flecos por resolver que podrían dar al traste con la negociación. Según ha podido saber elEconomista, el PP supeditará, en el próximo encuentro, el acuerdo definitivo para la reforma de pensiones a un consenso en la mesa de diálogo social sobre la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta).

Se han necesitado nueve años y más de cuatro de duras negociaciones, para que la Comisión del Pacto de Toledo llegara por fin el viernes a un acuerdo sobre el borrador de propuestas para reformar el sistema público de pensiones.

El Instituto BBVA de Pensiones, a través de dos miembros de su Foro de Expertos, José Antonio Herce y Elisa Chuliá, advierte en un informe de que para tener pensiones "sostenibles, suficientes y equitativas" se necesitan unos "pilares robustos" de previsión social pública y complementaria.