Está previsto que cuando cuando el ministro de finanzas inglés, Rishi Sunak, reciba hoy a sus homólogos del G7 en Londres, los responsables económicos de las siete principales potencias occidentales se reúnan en Lancaster House con la intención de aupar el mayor golpe contra los abusos fiscales de las multinacionales en un siglo.
Esta semana se ha puesto sobre la mesa lo que podría ser uno de los mayores avances en integración fiscal europea desde el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, más conocido como Pacto Fiscal Europeo, o la emisión de deuda común en la UE que implica el Plan Next Generation EU. Se ha puesto sobre la mesa la adopción de un impuesto de sociedades común en la Unión.
El acuerdo que han alcanzado las 7 principales economías occidentales el pasado fin de semana, abre un camino hasta ahora inexplorado de grandes acuerdos internacionales en materia de armonización de impuestos. Hasta la fecha, los acuerdos eran fundamentalmente bilaterales y se ceñían a cuestiones de cumplimiento fiscal como evitar la doble imposición o el intercambio automático de datos fiscales entre países y jurisdicciones. A partir de este momento, se abre la puerta a establecer reglas transnacionales en materia de bases imponibles y tipos impositivos, si bien la coyuntura geopolítica no es la más favorable para ello.
Un problema global necesita soluciones globales. Que las empresas que más dinero ganan en el mundo sean las que menos porcentaje pagan de impuestos sobre sus beneficios es algo que pasa en todas partes, desgraciadamente, aunque en unos sitios más que en otros. Por eso que el G-7 haya llegado a un principio de acuerdo para que las multinacionales paguen una tasa global mínima del 15% es una buena noticia. Sin embargo, hay varios aspectos que distan de estar claros.
"La competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla" fue uno de los grandes mantras de J.D. Rockefeller que muchos atribuyen ya a los grandes titanes tecnológicos de Estados Unidos.
La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se apunta un tanto importante. Un total de 130 países y jurisdicciones, que representan más del 90% del PIB mundial y donde se incluye a los miembros del G-20, avalaron el jueves la Declaración que establece un nuevo marco para reformar el marco fiscal internacional, donde se incluye la implantación de un impuesto mínimo global a las multinacionales.
Los gigantes tecnológicos estadounidenses podrían beneficiarse del acuerdo de 130 países bajo el auspicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para crear un tipo impositivo mínimo mundial del 15% para el impuesto de sociedades siempre y cuando el acuerdo final también suprima los impuestos sobre los servicios digitales.
Para invertir en un país extranjero, una compañía busca cierta estabilidad. Un contexto que le sea favorable a sí misma y a las características de su actividad. Si no consideran que hay una demanda para lo que ofrecen, que las infraestructuras no son las adecuadas para transportar sus productos o llevar a cabo sus servicios en dicho país o que las políticas llevadas a cabo en el mismo les pondrán complicaciones para garantizar un retorno a su inversión, no invertirán.
La Inspección de la Agencia Tributaria (Aeat) centró su actividad sobre las multinacionales en 2020. Los inspectores regularizaron el año pasado bases imponibles por un importe total de 3.076 millones de euros en el ámbito de la fiscalidad internacional, lo que supone un 67% más que el año anterior. La Aeat consiguió esta cifra a partir de 82 comprobaciones inspectoras realizadas con el apoyo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. A su vez, la ONFI participó en la gestión de 54 Acuerdos Previos de Valoración (APA) con un resultado estimatorio, más del doble que el año anterior, lo que supone garantizar a futuro bases imponibles por un importe de 3.477 millones de euros, un 66% más que el pasado año.
El multilateralismo ha estado a la defensiva estos últimos años. Hoy en día, en un entorno mundial que es más multipolar que multilateral, la competencia entre Estados parece anteponerse a la cooperación. No obstante, el reciente acuerdo mundial para reformar el sistema internacional de fiscalidad de las empresas es una prueba positiva de que el multilateralismo no ha muerto.
Casi 60 países, entre los que se encuentra España, han multiplicado recientemente los controles fiscales que aplican a las multinacionales. Se trata de un fenómeno inspirado por los recientes acuerdos del G-7 y el G-20 para garantizar una tributación mínima de estas empresas a escala global.
Un total de 58 economías han elevado en los últimos meses el control sobre las multinacionales. Según aprecian los fiscalistas especializados en fiscalidad internacional, la complejidad regulatoria aumenta en todo el mundo tras la crisis del coronavirus con nuevas normativas tributarias que incrementan la presión sobre estas compañías. Las corporaciones internacionales alertan de áreas regulatorias "muy complejas" en este ámbito.
Histórico es el adjetivo más repetido a la hora de calificar el pacto del G-7 y el G-20 para aplicar un tipo mínimo del 15% en Sociedades, a escala global, sobre las multinacionales.
¿Logrará Estados Unidos implantar el Impuesto Mínimo Global sobre Sociedades del 15% en el escenario global? Los fiscalistas internacionales muestran sus dudas. La mitad cree que es "poco probable" que se lleve a la práctica pese a los anuncios del G7 y de la OCDE en los últimos meses.
Nuevo cambio de relato en el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta semana, el ala socialista del Ejecutivo ha variado su discurso y se ha abierto a gravar el impuesto de Sociedades a las grandes empresas, a tenor de la presión que está ejerciendo Unidas Podemos, a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
Los Gobiernos de Irlanda y Estonia han anunciado que se suman al acuerdo fiscal internacional acordado en el marco de la OCDE para gravar con un 15% los beneficios de las multinacionales, según confirmó el ministro de Finanzas del país y presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe. El Irlandés aseguró que el su cambio de opinión responde a la decisión de finalmente suprimir del texto pactado la expresión "al menos" que abría la puerta a una tasa superior al 15%.
La OCDE lleva desarrollando durante los últimos años un trabajo notorio en la necesaria configuración de un esquema que venga definido por el reparto justo de beneficios y derechos tributarios entre países. En tal contexto y en el marco del proyecto BEPS (por "Base Erosion and Profit Shifting"), el organismo se ha comprometido a hacer frente a aquellas multinacionales que erosionan sus bases imponibles y trasladan sus beneficios a jurisdicciones o territorios con baja o nula tributación.
La OCDE quiere endurecer aún más la tributación de las multinacionales. En concreto, el club de los países desarrollados baraja la obligación de que el 25% de los beneficios de estas empresas tributen en los países donde se concentra su actividad.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prepara un golpe fiscal a las multinacionales de hasta 275.000 millones de dólares. El organismo sostiene que estas compañías evaden hasta un 10% de la recaudación total del Impuesto sobre Sociedades (IS) con sus establecimientos en territorios de baja tributación. La nueva propuesta fiscal de la OCDE obligará a estas empresas a trasladar un 25% de los beneficios a los países donde tengan a sus clientes y usuarios para que tributen allí.
Tras su aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley de gasto social y climático del presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, navega ahora al arduas aguas del Senado. Una ambiciosa propuesta, por valor de 1,85 billones de dólares, que también cerrará la brecha tributaria para las multinacionales patrias en el extranjero.
La transposición al derecho europeo del acuerdo global para la introducción de impuesto mínimo global de sociedades de un 15% a las multinacionales, una de las prioridades de la presidencia francesa, se enfrenta a sus primeros obstáculos después de que media docena de países, Suecia, Estonia, Malta, Bulgaria, Polonia y Hungría pusieran en cuestión el calendario durante una reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea.
Pablo Casado podría estar consumiendo los últimos días de su carrera política. Según fuentes cercanas al todavía líder del Partido Popular, el dirigente estaría valorando poner tierra de por medio y marcharse a trabajar a una multinacional, quizá a EEUU.
El acuerdo para introducir un tipo mínimo del 15% a las multinacionales tendrá que esperar, después de que Malta, Polonia y Suecia bloquearan la decisión, que requiere la unanimidad de los veintisiete países de la Unión Europea, durante la reunión de los ministros de Finanzas del bloque (Ecofin) en Bruselas.
El Impuesto Mínimo Global del 15% para las multinacionales enfrenta más escollos. Polonia ha rechazado hoy de nuevo la puesta en marcha del mecanismo fiscal internacional sin acometer primero el problema de la fiscalidad de las plataformas digitales. De esta forma, el Gobierno polaco evita que el bloque europeo logre un acuerdo sobre este asunto por segunda vez en el último mes.
España es el único país europeo que sube el Impuesto sobre Sociedades sin esperar, además, al tipo mínimo del 15% para las multinacionales que prepara la Comisión Europea para todos los Estados miembros. El Gobierno ha decidido no esperar a la decisión europea para armonizar la medida y ha establecido por su cuenta un tipo mínimo del 15% para las empresas que facturen más de 20 millones de euros. Moncloa opta así por elevar la presión sobre las medianas empresas, ya que el proyecto europeo estudia este mínimo para sociedades que facturen más de 700 millones de euros.
El conjunto de las 124 multinacionales con facturación anual superior a 750 millones y matriz española declaran un tipo efectivo global del 16,7% y del 13% para España, 8,5 puntos por debajo del que aplican en jurisdicciones de fuera de la UE, según los datos elaborados por la Agencia Tributaria (Aeat) sobre la información suministrada sobre 2019 por las empresas a través del modelo 231 de declaración de información País por país.
La reforma fiscal internacional que ha aprobado la OCDE y que establecerá un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para las multinacionales no supera las dificultades para su implantación y se retrasará, al menos, hasta 2024. En la Unión Europea, las negociaciones siguen encalladas tras el veto, por segunda vez, de Polonia. Además, la implantación en Suiza requiere una reforma constitucional que obligará a un referéndum público, que no se realizará hasta la segunda mitad del año. Por su parte, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden aún no tiene el visto bueno del congreso a su reforma fiscal, que incluye el impuesto mínimo que él mismo impulsó en la comunidad de la OCDE.
El 82% de los directivos de multinacionales de todo el mundo reconoce que sus organizaciones se han visto afectadas de forma significativa por actividades ilícitas, fraude, corrupción, blanqueo de capitales u otras conductas irregulares graves, según las conclusiones del informe Global Fraud and Risk Report, elaborado por Kroll, proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia.
Mensaje claro y contundente de las multinacionales farmacéuticas con presencia productiva en España. Si el Gobierno quiere que la inversión aumente en sus fábricas y así incrementar la producción de medicamentos, deben mejorar las reglas del juego para el acceso a las terapias innovadoras. El presidente de Lilly España, Nabil Daoud, lanzó esta petición durante el foro que la patronal Farmaindustria celebró ayer en Santander y sus palabras fueron secundadas por otras grandes compañías afincadas en España, como son el caso de Sanofi, Roche o GSK. "Si voy a poner una planta para fabricar, por lo menos que se de acceso. Dos productos que hacemos en Alcobendas no están aprobados aún en España, lo exportamos todo", dijo durante el foro.