El problema que plantean las autopistas quebradas que el Estado rescató entre 2018 y 2019 (entre las que están las radiales madrileñas) sigue sin resolverse. Fomento buscó incrementar su tráfico mediante un plan basado en una rebaja del 30% de los peajes y en descuentos para conductores habituales.
Las autopistas de peaje que el Estado rescató entre febrero de 2018 y febrero de 2019 registraron en su primer año completo bajo gestión pública un descenso de los ingresos del 19% con respecto a 2018, hasta superar los 90 millones de euros, según datos oficiales del Gobierno a los que ha tenido acceso elEconomista. Un descenso que se fundamenta en la rebaja del 30% de media que el Gobierno aplicó a las tarifas desde el 15 de enero del pasado ejercicio. Esta medida ha permitido impulsar el tráfico, con un aumento medio del 12,7% para estas carreteras. Sin embargo, los objetivos del Ministerio de Fomento ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana eran mucho más ambiciosos, toda vez que preveían un incremento de la cifra de negocio del 58,9% en el año recién concluido, hasta los 122,8 millones de euros.
Los tres trayectos más peligrosos de España se encuentran en Orense (N-541), Lugo (N-642) y Gerona (N-260), según el Informe EuroRAP 2019, en el que participa el RACE, que apunta que tres tramos que ya fueron detectados como peligrosos repiten por tercera oleada consecutiva con unos altísimos índices de riesgo. El informe recoge los 61 tramos más peligrosos de la Red de Carreteras del Estado (página 22).
La formación del nuevo Gobierno abre la puerta a que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acelere los proyectos que llevan tiempo sobre la mesa, como la llegada del AVE a Barajas. La Dirección General de Infraestructuras ya está trabajando en desarrollar el proyecto que tendrá que contar con la colaboración de Adif y Aena y con la coordinación del Gobierno.
El Constitucional estima parcialmente el recurso que el PP presentó contra el real decreto que el Gobierno aporobó en marzo para hacer más accesible el alquiler residencial. En particular, queda anulada la medida con la que el antiguo Ministerio de Fomento buscaba adjudicar suelo de titularidad estatal a fondos privados, para que gestionen 20.000 viviendas de arrendamiento asequible durante 50 años. A priori, se trataba de una medida que contaba con importantes garantías a su favor.
El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha insistido hoy en que el fallo del Tribunal Constitucional adelantado ayer sobre el Decreto del Alquiler no paralizará el plan de las 20.000 viviendas para el fomento de vivienda de alquiler social o asequible. "No perjudica para nada la política a corto y medio plazo del Gobierno", señaló Saura.
La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso interpuesto por la CNMC y Unauto contra la normativa que regula el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), dando así la razón al Ministerio de Fomento y a la patronal Fedetaxi, por lo que se mantienen las limitaciones a la concesión de estas licencias.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, han presentado el proyecto de transformación de la Estación de Chamartín, que aspira a ser uno de los principales iconos de Madrid y motor de su desarrollo económico y social. "Vamos a convertir Chamartín en un símbolo arquitectónico de Madrid. Será un espacio de encuentro, de dinamismo cultural y económico", aseguró Ábalos durante su comparecencia.
Una vez declarado el estado de alarma, el Gobierno de Pedro Sánchez ha afirmado este lunes que a partir de mañana hará un refuerzo en los medios de transporte público, especialmente en las primeras horas, para evitar imágenes de aglomeraciones que se dieron en Madrid y en Barcelona. Con detalle, la secretaria de Estado de Transportes se refirió a la línea de Renfe, C-5. Siga aquí el directo minuto a minuto.
Las grúas siguen a pie de calle y en pleno rendimiento a pesar de que el país se encuentra en estado de alerta. Esta situación, que sí ha supuesto el cierre de otros negocios, no supone, sin embargo, la paralización de las obras públicas o privadas que estén en marcha y desde las constructoras advierten de que esta situación pude suponer un "importante riesgo" a su viabilidad.
