El despido por ausencias al trabajo no es nuevo. Dicha causa de extinción contractual lleva contemplada en el Estatuto de los Trabajadores desde su primigenia versión de 1980. Es cierto que desde entonces ha sufrido cambios, pero la causa en sí lleva incorporada al ordenamiento jurídico español desde hace ya cuarenta años. Nadie se molestaba hasta una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que la aplicó.

La situación creada por el coronavirus está poniendo a prueba a la legislación laboral española, así como a la de prevención de riesgos laborales, sin olvidar las limitaciones que plantea la ley de protección de datos a la hora de manejar nombres y situaciones de riesgo de contagio en los centros de trabajo.

Las medidas económicas que se han ido adoptando desde el inicio del Covid-19, han generado la promulgación de una serie de nuevas disposiciones legales, de aplicación temporal y/o permanente.

En Chile se está dando la "tormenta perfecta" a nivel económico entre la crisis social de octubre y el Covid-19, provocando despidos de personas y cierre de empresas.

Cuando uno se empieza a introducir en el mundo de los mercados financieros, una de las primeras cosas que se suele aprender es la labor de los activos refugio, y que el rey en esto es, y siempre ha sido, el oro. Sin embargo, en la parte fácil del ciclo de mercado, uno puede llegar a olvidarse de la importancia de estos refugios. No se necesitan, ni dejan buenas rentas, como ha ocurrido desde 2012 hasta 2019 en el oro, mientras los inversores en bolsa y en renta fija recogen los beneficios. Sin embargo, y aunque en estos periodos siempre hay turbulencias puntuales, cuando llega el verdadero pánico, como en este año, los activos que dan protección cobran protagonismo.

A raíz del confinamiento total de mediados de marzo, muchas empresas tomaron la decisión de imponer medidas de conciliación de vida laboral y familiar. Las empresas han permitido que los padres y madres con niños en edad escolar, así como con dependientes puedan estar en sus casas trabajando a distancia. Después, y debido a las medidas más drásticas de confinamiento total, se incorporaron todos los trabajadores menos los considerados esenciales. Ello, ha comportado que se pudiera trabajar en sus domicilios reduciendo los desplazamientos entre los hogares y los centros de trabajo y, consecuentemente, las posibles exposiciones a contagios.

Allá por el año 2011, con la eclosión de la anterior crisis económica que sufrió nuestro país, tuve ocasión de participar como ponente en una sesión de expertos concursales en la que se concluía que los procedimientos concursales españoles tenían un índice de fracaso muy superior al de los procedimientos de insolvencia anglosajones (Gran Bretaña con sus entonces vigentes Insolvency Rules de 1986 y los EEUU con el famoso y envidiado chapter 11) y ello se debía, fundamentalmente, a varias circunstancias.