Por mucho que se anuncien a bombo y platillo, algunas sorpresas no dejan de sorprender. Todo depende de su causalidad y trascendencia. Será el caso de las que se llevarán las empresas que reciban la siempre desconcertante visita de la Agencia Tributaria, que podrá continuar realizando inspecciones fiscales personándose en el domicilio sin previo aviso a las compañías, después de que el Grupo Socialista en el Congreso haya registrado varias enmiendas a la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, como reacción a una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de octubre.

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado diversas enmiendas al Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude que elaboró el Gobierno de coalición y que se encuentra actualmente en tramitación en la Cámara Baja, entre las que se encuentra una para prohibir los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros también cuando sean de particulares a profesionales.

El Plan Anual de la Agencia Tributaria aumenta el control sobre las operaciones con criptomonedas al obligar a incluirlas en la declaración de bienes en el extranjero.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, destaca que "el cumplimiento normativo ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito dentro de su estrategia y estructuras internas". Si bien, el ministro también subraya que aún queda "un largo camino por recorrer para mejorar los mecanismos de control interno y de lucha contra el fraude en empresa y organizaciones públicas".

En los casos en que Hacienda detecte fraude fiscal por operaciones ocultas deliberadamente por las partes se debe presumir que el precio pagado no incluye el IVA.

La prohibición absoluta del uso de pago de títulos bancarios al portador y su exclusión definitiva de tráfico económico constituye "una medida innecesaria y desproporcionada a los fines del control del fraude fiscal" y se "opone al principio general de admisión del euro como moneda de curso legal, extintiva de las obligaciones", según establece el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, en sentencia de 25 de febrero de 2021.

El 7 de abril comenzó la campaña de la Renta 2020, que nuevamente estará influida por la pandemia de coronavirus y la crisis económica y social que ha comportado. Todos los contribuyentes tienen de plazo hasta el 30 de junio para presentar la declaración correspondiente a 2020, pero ahora es el momento de empezar a recabar ya la documentación necesaria para estar preparados, ya que la campaña de este año presenta importantes cambios.

Una de las líneas maestras en materia recaudatoria que la Agencia Tributaria se ha propouesto en el ejercicio 2021 es la lucha contra el fraude asociado al uso de dinero en efectivo, un procedimiento de pago cuyo rastreo y seguimiento es más complicado que, por ejemplo, las transferencias bancarias. Algo que va a afectar a los autónomos.

La Agencia Tributaria deberá presentar en el último trimestre de 2023 un informe de evaluación sobre la ley de lucha contra el fraude fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria, proponiendo, a la vista de sus resultados, el mantenimiento de las medidas incluidas, su modificación o supresión.

El Gobierno da a conocer la nueva estructura que prepara para el régimen de cotización de los trabajadores autónomos. La reforma prevé la implantación progresiva de un sistema de tramos, hasta 13, que discriminen por niveles de renta.

El Congreso de los Diputados ha dado este martes luz verde al proyecto de Ley de Lucha contra el fraude fiscal, normativa, cuya tramitación pasa ahora al Senado, y en la que se recogen una serie de medidas como el permiso para que la Agencia Tributaria inspeccione por sorpresa los domicilios y las empresas. Esta medida ha sido cuestionada por los tribunales. Además, la ley contempla la ampliación de los deudores tributarios, que pasan del millón de euros a los 600.000 y se incorporarán a los responsables solidarios de esta deuda. Estimaciones de la AIReF remarcan que, la demora normativa va a suponer una pérdida de la recaudación, de al menos 273 millones de euros de los 700 millones previstos en un año.

El Congreso de los Diputados acaba de aprobar, tras una larga tramitación parlamentaria, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal anunciada ya en 2019, un texto que supondrá un importante refuerzo en la lucha contra el fraude y que contribuirá a aumentar la recaudación tributaria.

Poco a poco se va desgranando la letra pequeña del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y en una de sus lecturas se comprueba que la nueva normativa acabará gravando al menos seis impuestos estatales y autonómicos, en función de su correspondencia a las modificaciones que se recogen en los pactos sucesorios y, también por el cambio estipulado en el valor de referencia de los bienes que se transmiten, compran y venden y, se donan o se puedan heredar.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transformación Ecológica, Teresa Ribera, lleva meses diciendo que la reforma de la tarifa eléctrica iba a bajar el precio de la luz. Pero resultó que es mentira. Comparado con mayo del año pasado, cuando la actividad era prácticamente inexistente por culpa del Covid, los precios crecieron el 44 por ciento. ¿Por qué se coló la ministra? La culpa la tiene el CO2, que más que se duplicó. El mercado eléctrico es marginalista debido al ordenamiento de la Unión Europea, lo que significa que la energía más cara determina el precio del pool para el resto. De manera que el gas, con 50 euros en impuestos por tonelada de CO2, encarece a las demás.

No hace mucho, los autónomos todavía llevaban sus cuentas con papel y bolígrafo. Por suerte, hoy en día, la tecnología se ha democratizado y, prácticamente, todos los pequeños negocios cuentan con un ordenador para llevar la contabilidad. No obstante, tras la aprobación en mayo del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, algunos programas contables quedan totalmente prohibidos.

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) casi duplicó los grandes morosos -con más de un millón de euros pendientes de pago- en el año de la pandemia, pasando de 9 a finales de 2019 a 17 el 31 de diciembre de 2020.

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Los legisladores terminan así con la tramitación parlamentaria de esta normativa. El texto recoge el castigo fiscal en los impuestos relacionados con los inmuebles, como Transmisiones, Sucesiones o Patrimonio. Además, limita los pagos en efectivo en efectivo a los 1.000 euros, en contra del criterio del Banco Central Europeo (BCE).

La Agencia Tributaria está decidida a acabar con la economía sumergida. Si hace unos pocos días se aprobaba definitivamente la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, ahora se ha hecho público que Hacienda ha puesto en marcha un proyecto basado en inteligencia artificial para detectar facturación irregular.

España es el único país europeo que no establece exenciones en la obligación de declarar trimestralmente el IVA. Todas las demás economías marcan umbrales mínimos y los negocios que facturen por debajo de ellos quedan dispensados de hacer estos trámites.

El pasado sábado 10 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal; entrando en vigor el mismo domingo día 11 de julio.

En España, de media, deben de hacer cada año la declaración de la renta ante la Agencia Tributaria cerca de 21 millones de contribuyentes. Ahora bien, los datos del CIS sobre la percepción de los ciudadanos a cerca del fraude fiscal arroja que casi un 5% de quienes están obligados a hacerla no ha cumplido en el presente ejercicio, cuando había que declarar los ingresos del pasado 2020. Es decir, en torno a 1 millón de ciudadanos que están sujetos por su nivel de ingresos a esta declaración no la realizaron en el presente ejercicio.

La evolución de la economía empieza a mostrar un contorno cada vez más claro y se pueden prever hechos concretos: se empieza a vislumbrar que será conveniente llegar a 2023 con gran parte de los problemas económicos del país solucionados so pena de vivir nuevas angustias.

El pasado 10 de julio entró en vigor en España la nueva Ley contra el Fraude Fiscal. Un mecanismo con el que se busca establecer normas contra las prácticas de elusión fiscal y por lo que, en medio de un crecimiento de las criptomonedas así como una pérdida de fuerza del dinero en efectivo, estas dos materias han sido las que más se han visto modificadas.

El reciente anuncio de la creación de una autoridad central europea contra el blanqueo de dinero, más que demostrar la voluntad de Bruselas de luchar contra el blanqueo de capitales, lo que demuestra es el fracaso hasta ahora de su empeño para terminar con el enorme problema de lavado de dinero dentro de las fronteras comunitarias. La primera directiva relativa a esta cuestión es de 1991 y desde entonces ya ha sido modificada en seis ocasiones. 

Con más de 80.000 fallecidos por la covid-19 en España, las sucesiones han sufrido un importante crecimiento en los últimos meses. Un traspaso sobre los herederos que en muchos casos se ha dado sin testamento previo, debido a la difícil situación. Además, este aumento ha llegado a las puertas de un importante cambio sobre el Impuesto de Sucesiones y es que para 2022 cambiará la forma en la que se toma un bien legado.

La Agencia Tributaria ha informado de que el próximo 11 de octubre entrarán en vigor los artículos 29.2.j) y 201.bis de la Ley General Tributaria, referidos a las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

El PP se ha quedado solo en el Ayuntamiento de Badalona tras la aparición del alcalde de la formación, Xavier García Albiol, en los Papeles de Pandora de presunto fraude fiscal, lo que le costará el cargo tras la unión de la oposición para presentarle una moción de censura.

Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado por unanimidad una reforma de los tipos aplicables en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), puesto que las actuales normas, después de una treintena de años sin cambios, precisan una evolución que armonice el tributo, lo simplifique y lo haga mucho mas eficiente.

El ministerio de Hacienda prescinde a día de hoy de un 17% de los inspectores pese a que el presupuesto del organismo público cuenta con una partida consignada para la contratación de estos funcionarios, necesarios para el gran objetivo de persecución del fraude fiscal que promulga el Gobierno de coalición. Concretamente, de los 2.458 puestos que se habilitan para el cuerpo de inspectores de Hacienda, en este momento se encuentran cubiertos 2.021, por lo que restan 437 puestos vacantes.

El castigo fiscal impuesto a las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) en la nueva ley antifraude responde a la demagogia impulsada desde la llegada de Unidas Podemos al Gobierno, de la mano del PSOE.