"Crear un estatuto regulador y abrir un registro de expertos en cumplimiento normativo son los dos pasos que debería dar el nuevo Gobierno para profesionalizar la función de compliance". Así lo subrayó el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Vicente Magro durante la conferencia magistral que ha impartido durante el Día del Compliance Officer 2019, organizado por la Asociación Española de Compliance (Ascom).
El juez no considera probado que el hijo de Carmen Thyssen fingiera que su residencia estaba en Andorra para no tributar por el capital cobrado de las exclusivas de la revista Hola. Borja Thyssen tiene otra causa pendiente por delito fiscal.
La llegada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha hecho que las empresas estén obligadas a introducir un plan de cumplimiento normativo (compliance) en sus procesos. Su buena implantación puede librar de la sanción, incluso habiendo cometido un delito. Sin embargo, no todo vale en materia de compliance. Las entidades tienen que tener las medidas para la prevención del delito previstas, redactadas e implantadas. Si demuestran que se han puesto en marcha estos mecanismos, se librarán de la sanción.
Mirar los mensajes de WhatsApp o mensajes privados en redes sociales de personas ajenas puede ser una tentación demasiado grande para algunas personas. El nivel aumenta si extrapolamos esta situación a nuestro círculo más íntimo, especialmente las parejas. ¿Serías capaz de espiar las conversaciones de tu chica o chico? En caso de haber respondido de manera afirmativa, estarías cometiendo un delito.
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, está determinado a promover una revisión de los delitos de rebelión y de sedición con el fin de que se ajusten mejor a la realidad actual española, si bien aún no ha definido el alcance de esa reforma, que afrontará en cualquier caso con el deseo de concitar un amplio consenso en el Parlamento.
La reforma del Código Penal que planteará el Gobierno para adaptar la tipificación de los delitos de rebelión o sedición a la realidad actual tras los hechos ocurridos y juzgados en Cataluña no es una de las condiciones que ERC puso sobre la mesa durante las negociaciones para sacar adelante el pacto de investidura que mantuviera a Pedro Sánchez en Moncloa.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apostado hoy por una reforma del Código Penal, que modifique los tipos de los delitos de rebelión y sedición. "Son figuras más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX cuando se pensaba en ataques con tanques en la calle", manifestó.
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, se muestra alarmado en elEconomista ante el afán del Gobierno de suavizar la definición de los delitos de sedición y rebelión. Hay razones de peso para ello. Toda modificación de este tipo en el Código Penal obligaría, de forma automática, a emprender una operación tan delicada como revisar las condenas de Oriol Junqueras y de los demás condenados por el 1-O, aunque se derivan de sentencias firmes.
La polémica no es gratuita ni inmotivada. Al contrario: tiene todo el fundamento y la gravedad. El señor Ábalos, ministro del Gobierno de España, en el aeropuerto de Madrid con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana.
La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido este miércoles en que la ley de libertades sexuales en la que trabaja su departamento estará en cuestión "de semanas" y que la reforma del Código Penal que afecta a este tipo de delitos se tramitará de forma independiente a la modificación relativa al delito de sedición que también ha anunciado el Ejecutivo.
El Tribunal Supremo rechaza la agravación de la pena por multirreincidencia en los delitos leves de estafa al considerar que no está regulada de forma expresa y clara, como sí figura en los hurtos y que, en su defecto, no se puede permitir "una interpretación extensiva en contra del reo, un doble salto penológico desde el delito leve a la modalidad agravada".
La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha reconocido este lunes que aún no ha visto borrador alguno de la reforma del Código Penal, un proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo y que incorporará como delito, ha anunciado, la exaltación del franquismo.
El Tribunal Supremo avala el uso de denuncias anónimas para poner en conocimiento de los responsables de la empresa de la existencia de prácticas delictivas y que se inicie una investigación interna, sin que sea necesario identificar al autor.
Las investigaciones internas que realiza la empresa cuando sospecha que un empleado o directivo le está robando deben respetar los derechos fundamentales del sospechoso si quiere que las pruebas obtenidas y las conclusiones se admitan en un juicio posterior.
Las empresas españolas aún presentan algunas carencias en la incorporación y desarrollo de sistemas de compliance en sus respectivos sectores de actividad. En un momento en el que es imprescindible contar con un sistema de gestión de cumplimiento penal con independencia del tamaño o de la actividad de una compañía, gran parte de los empresarios reconocen no contar con un modelo integrado conforme a la normativa española y demás estándares internacionales de referencia.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha vuelto a defender este miércoles reformar el Código Penal como "gesto" hacia los presos del 'procés' para mostrar que el Gobierno está "dispuesto a cambiar las cosas a mejor".
Comete delito de descubrimiento y revelación de secretos, regulado en el artículo 197.7 del Código Penal (CP), quien difunde imágenes que afectan gravemente a la intimidad de una persona, aunque la propia víctima se las haya entregado, según establece el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de febrero de 2020.
La Generalitat valenciana ha iniciado conversaciones con los colegios de abogados de la comunidad autónoma para crear una sección especializada en la defensa de las víctimas de violencia de género en el Turno de Oficio, cuyos integrantes no puedan defender a los acusados de este delito como abogados.
El avance del brote de coronavirus ("Covid-19") y su impacto en las relaciones comerciales y en el desarrollo de la actividad empresarial mundial es una realidad que está generando una serie de interrogantes legales sobre qué consecuencias puede tener en las relaciones contractuales vigentes.
La legislación española permite que la empresa del cónyuge de un alto cargo de la Administración pueda convertirse en proveedor del organismo dirigido por su pareja, siempre que no intervenga en el expediente y en la concesión.
Han pasado casi 10 años desde que se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las empresas y, actualmente, la mayor parte de las compañías españolas cuentan con medidas de prevención penal (bajo diferentes denominaciones; programas de compliance penal, sistemas de prevención de delitos, etc.). Como es sabido, este tipo de medidas deben ser diseñadas e implementadas de acuerdo con dos premisas fundamentales; el tipo de compañía (tamaño, recursos orgánicos, sector, etc.) y los riesgos a los que está expuesta la misma desde un prisma penal.
La utilización no autorizada del distintivo oficial de haber superado favorablemente la periódica Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es constitutiva del delito de uso de certificación falsa, según establece el Tribunal Supremo. en una sentencia de 26 de junio de 2020.
La Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (Esys) cuyos patronos son Endesa, Telefónica y Prosegur, pide establecer penas de cárcel de tres a cinco años, similares a las existentes en Alemania, Italia y Francia, para atajar el robo de electricidad, un delito con un impacto económico que en España ronda los 150 millones de euros anuales.
La conservación de las imágenes de una trifulca mantenida entre dos trabajadores en su centro de trabajo -en este caso un hospital público-, es una medida necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva del denunciante, que debe prevalecer sobre el derecho a la protección de datos de la otra parte, según establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en una sentencia de 23 de julio de 2020.
Casado, García Egea y compañía podrán tomarlo como una bravuconada o una bufonada más del vicepresidente segundo del Gobierno. Pero Pablo Iglesias no amenaza en vano. Y cuando esta semana afirmó en sede parlamentaria que el PP no volverá a formar parte del Consejo de Ministros, puede que al final no lo consiga, pero estaba desvelando sus verdaderas intenciones y para lo que está trabajando desde el Ejecutivo y en la calle.
Que Sánchez es un gran estratega, ya no lo duda nadie. No hay más que ver cómo pasó de recorrer España en su Peugeot para ganarse el favor de las bases a una moción de censura que dejó K.O. a Rajoy. Después de tontear durante varias semanas con Inés Arrimadas, ahora se dispone a sacar adelante los Presupuestos con el apoyo de sus socios tradicionales, Unidas Podemos, ERC y PNV, a los que sumará pequeñas formaciones como los canarios, los regionalistas cántabros o incluso Bildu y el PDEcat.
El Ministerio de Justicia acaba de iniciar la tramitación de la Reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal (LECrim) que traspasará la instrucción de los procedimientos de los jueces a los fiscales.
El 75% de las empresas españolas con más de 200 trabajadores ya cuenta con sistema de Compliance o tiene previsto implantarlo en los próximos cinco años.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este viernes que el "calendario normativo establece" la reforma de los delitos de sedición y rebelión "antes de final de año", y ha reconocido que esa adecuación del tipo afectaría al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont si fuese finalmente juzgado.
El Ministerio de Justicia ha resuelto 1.240 expedientes de indulto entre enero y junio de este año. En total, se han recibido 1.499 solicitudes (32% del volumen total de la documentación recibida); 1.350 expedientes de los tribunales (28%); y 1.877 documentos diversos relacionados con los expedientes en tramitación (40%).
