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El Gobierno de Sánchez lo ha vuelto a hacer. Esconder y no hacer ni caso de un informe de un órgano consultivo del Estado. Otra vez, en este caso con el Real Decreto Ley que regula el Instrumento Europeo de Recuperación, la norma para el reparto de los fondos europeos. Una vez más, la inseguridad jurídica se ha hecho presente esta legislatura. La voluntad del Gobierno se ha impuesto sobre la luz y taquígrafos que son obligados en una democracia parlamentaria.