El adelanto de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas podría ser una realidad inmediata. Tanto la Abogacía del Estado como la propia Ley Orgánica de Financiación Autonómica abren dos vías legales a esa posibilidad, lo que contradice la posición que hasta ahora ha mantenido María Jesús Montero, para quien el principal obstáculo es que un Gobierno en funciones no puede aprobar ese adelanto.

El déficit público sumó en los seis primeros meses del año 26.769 millones de euros, cifra que equivale al 2,14% del PIB y es un 18,1% más alta que en el mismo periodo de 2018, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda.

Llegó al Gobierno andaluz de rebote, pero en nueve meses se ha convertido en uno de los referentes del Ejecutivo de Juanma Moreno, tanto por su discurso moderado y pragmático como por haber sido capaz de elaborar en ese tiempo dos presupuestos para 2019 y 2020.

Nuevo revés al culebrón del anticipo de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas por parte del Gobierno. Después de que Pedro Sánchez anunciara esta semana el anticipo de los fondos -4.500 millones de euros- antes del 10-N, el viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo que parecía una certeza acabó convirtiéndose de repente en una incertidumbre, al escuchar las declaraciones de Isabel Celáa.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que ya tiene en su poder "todos los informes" necesarios que le permitirán desbloquear el traspaso a las comunidades autónomas de la actualización de las entregas a cuenta "en los próximos días". De hecho, la propia María Jesús Montero, ministra de Hacienda confirmó que ya dispone del informe favorable de la Abogacía del Estado y se van a aprobar, por tanto, en unos días, aunque no ha querido confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha señalado que en el diálogo social se podría debatir algún tipo de "tarifa plana" para aquellos autónomos que "sobrecotizan" teniendo rendimientos "bajísimos".

"Los criterios que la Agencia Tributaria utiliza para apreciar indicios de responsabilidad criminal en la actuación del asesor fiscal no se ajustan plenamente a las directrices que los tribunales han ido fijando", asegura José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Alemany advierte de la falta de criterios claros y homogéneos sobre la acción penal, tanto frente al contribuyente como frente a su asesor fiscal.

Las entregas a cuenta a las comunidades autónomas siguen en el guión electoral. Después de que la semana pasada se conociera la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de desbloquear el anticipo de los fondos que corresponden a las administraciones regionales y locales –en concepto de IRPF, impuestos de hidrocarburos, alcohol, bebidas derivadas o electricidad, entre otros–, la letra pequeña acaba de desvelar que el Ministerio de Hacienda ha aplicado un reajuste a estas cantidades, con respecto a lo previsto en 2018, un reajuste que no ha caído de igual manera entre las comunidades. Hacienda recuerda que algunos reajustes se deben a rebajas de IRPF que han llegado a lastrar la recaudación.

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha hoy una gran operación contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología en las 15 comunidades autónomas de régimen común. ¿Pero qué se investiga exactamente? Entre otras cosas Hacienda va tras la pista de varios locales en los que no se permitía el pago con tarjeta bancaria para cantidades de dinero tan grandes a favor del efectivo o las transferencias, operaciones mucho menos controlables. Además, llama bastante la atención que sociedades con pérdidas tengan sin embargo socios con un gran poder adquisitivo.

Decimonovena entrega de la liquidación de los fondos que le corresponden a las comunidades autónomas por la recaudación de los impuestos de 2018 y de los Fondos de Garantía y Suficiencia Social. Tras analizar con lupa la distribución de las entregas a cuenta que Hacienda ejecutará finalmente este año, la Comunidad de Madrid denunció este miércoles que se ha encontrado con 53 millones de euros menos de los que en principio le había anticipado el ministerio.