España mantiene el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) con mayor presión, que llega a alcanzar un tipo máximo del 81,6%. De los países del entorno, solo se acerca Bélgica, que cuenta con un tipo máximo del 80% para las herencias entre no familiares. En el continente europeo, hasta 18 países no tienen en su política fiscal el Impuesto sobre Sucesiones.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró este viernes, después de ser recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que va a defender su autonomía fiscal, incluso acudiendo al Tribunal Constitucional si es preciso, para continuar bajando los impuestos, entre ellos, todos los tramos del IRPF, deducciones a familias, jóvenes y a empresas, aumento de las bonificaciones por herencias y donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos.
La economía española parece haber puesto el piloto automático de la recuperación a tenor de los datos de empleo del pasado mes de junio y de la previsión de un crecimiento sin precedentes en el segundo cuarto del año, del 18%. Todo ello parece tener un impacto decisivo en el relanzamiento de la actividad, la demanda, y el consumo de los servicios hasta hace escasas semanas limitados por las restricciones de la pandemia, con especial impacto sobre el turismo en el caso de España. Sin embargo, la llegada del verano parece haber puesto en marcha toda la maquinaria macroeconómica -siempre que el avance de los contagios permitan mantener el estado actual de actividad- y ya se refleja en los niveles de recaudación tributaria, que ya superan en un 3,5% a los registros previos a la pandemia.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso envió este miércoles al Ministerio de Hacienda un documento de 237 páginas, una especie de manual, con argumentos que sostienen empírica y jurídicamente, por qué la Comunidad de Madrid opta por una política de impuestos bajos, frente a la armonización que el Gobierno de Pedro Sánchez postula, una vez que el Comité de Expertos seleccionado por el Ejecutivo tome esta decisión.
Cuando le preguntas si ser el autor de los Presupuestos más longevos de la democracia le da la autoridad para analizar de manera precisa y certera los retos de la economía postCovid sonríe, dice que nunca pensó que eso pudiera ocurrir. Desde el confinamiento sigue instalado en su casa de la Sierra de Guadarrama, ejerce de abuelo varios días por semana, da esporádicamente alguna clase, participa en muchos foros economicos junto al también exministro Jordi Sevilla, atiende a los medios de comunicación y tiene tiempo libre. Precisamente eso es lo que más valora quien fuera durante 11 años el superministro de Hacienda que más tiempo ostentó esa cartera. Cristóbal Montoro (Cambil, Jaén, 1950), licenciado en Económicas y Empresariales, doctor en Economía Aplicada y catedrático de Hacienda, hace honor durante la entrevista a su justa fama de "cerebrito" de los números y en cuanto te despistas es capaz de impartirte una lección de Teoría Económica, que luego él mismo traduce en román paladino para que los lectores de elEconomista "lo entiendan mejor y no se aburran", señala.
El Tribunal Supremo (TS) frena a la Agencia Tributaria en sus expedientes e impide a los inspectores que utilicen pruebas contra el contribuyente que encuentre casualmente en otro caso durante un registro de un domicilio o empresa. En concreto, el Supremo fija doctrina y establece que "Hacienda no puede utilizar pruebas obtenidas en registro a terceros que sean declaradas nulas por sentencia penal".
La nueva ley anifraude, la tasa Google, la tasa Tobin, la DAC 6, la armonización fiscal entre comunidades, la reforma tributaria en IRPF o Sociedades. Es todo parte de las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno en menos de un año. Y las que aún quedan pendientes para desarrollar a partir de septiembre, como las que estudia el grupo de expertos presentado esta primavera por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este curso, en plena crisis del coronavirus, ha sido de los más intensos en materia tributaria. Además de las reformas, ha surgido nueva jurisprudencia europea, como la sentencia del IVA de las ventas ocultas y las conclusiones del Abogado General, que considera que las multas del 720 son desproporcionadas.
En España, de media, deben de hacer cada año la declaración de la renta ante la Agencia Tributaria cerca de 21 millones de contribuyentes. Ahora bien, los datos del CIS sobre la percepción de los ciudadanos a cerca del fraude fiscal arroja que casi un 5% de quienes están obligados a hacerla no ha cumplido en el presente ejercicio, cuando había que declarar los ingresos del pasado 2020. Es decir, en torno a 1 millón de ciudadanos que están sujetos por su nivel de ingresos a esta declaración no la realizaron en el presente ejercicio.
El Gobierno de Pedro Sánchez da carpetazo a la idea de gravar impositivamente la capitalidad de Madrid antes de que el debate vaya a más. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha negado que el Ejecutivo tenga en mente asumir la propuesta del presidente del presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, de crear un impuesto que grave los beneficios asociados a Madrid por su condición de capital de España.
Las sociedades sin actividad económica tienen los días contados tras la entrada en vigor, el pasado 11 de julio, de la Ley Antifraude (Ley 11/2021), puesto que modifica el régimen de revocación del número de identificación fiscal (NIF), de manera que estas sociedades, a las que la Agencia Tributaria (Aeat) se lo está revocando no pueden realizar inscripciones en ningún registro público, incluidos los de carácter administrativo, como tampoco otorgar escrituras ante notario.
La verdadera razón del alza de los precios de la electricidad es el enchufe. El Gobierno ha enchufado a tantos ignorantes, a tantos ineptos (e ineptas) que están tomando mucha energía del enchufe para mantenerse en la nómina. Las asesoras/niñeras, los jefes de gabinete que no saben qué es un ministerio, los ministros que no saben la diferencia entre consumismo y comunismo, necesitan tal cantidad de electricidad para mantener el enchufe que la factura ha subido hasta las nubes.
El plan del Gobierno para ayudar a los sectores más afectados por la crisis arroja un balance hasta el momento muy decepcionante. La iniciativa presentó importantes taras en su diseño, debido al escaso volumen de los recursos que moviliza y al retraso acumulado, respecto a los países de nuestro entorno, en cuanto a su puesta en marcha.
La patronal Inverco ha propuesto al comité de expertos para la reforma fiscal aumentar el límite de aportaciones de los planes de pensiones individuales a 5.000 euros desde los 2.000 actuales.
En los procedimientos de gestión e inspección de la Agencia predominan criterios recaudatorios sobre los de justicia tributaria, según un 73% de los asesores fiscales. La encuesta entre los especialistas del Reaf desvela que el 46% de los fiscalistas considera que la Agencia no se adapta al mundo de la empresa y de los contribuyentes, en general.
España ha ingresado en la primera mitad del año 150 millones de euros de la primera liquidación del impuesto sobre transacciones financieras, la conocida como 'tasa Tobin', lo que supone el 17,6% de los 850 millones de recaudación previstos por el Gobierno para el conjunto del año, es decir, menos de una cuarta parte de la estimación realizada para todo 2021.
El Gobierno ha confirmado que presentará a finales de septiembre o principios de octubre los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Moncloa estudia ya las nuevas cuentas tras los malos resultados de las nuevas figuras impositivas que introdujo para este ejercicio. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Hacienda ingresará menos de la mitad de lo estimado por el Ejecutivo.
Hacienda necesita recaudar durante la segunda mitad del año 131.657 millones de euros para cuadrar el Presupuesto de 2021, un 45% más de lo que ingresó durante el primer semestre del año. Hasta junio, los impuestos acumularon unos ingresos de 90.450 millones de euros. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prevén una recaudación tributaria para el conjunto de 2021 de 222.107 millones de euros. Para cumplir con este objetivo, Hacienda debe recaudar durante la segunda mitad del año 41.157 millones de euros más que en los primeros seis meses del año.
El Ministerio de Hacienda transferirá este viernes a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla 9.440 millones de euros, el 70% del fondo extraordinario de 13.486 millones de euros aprobado por el Ejecutivo para que las regiones hagan frente al impacto de la pandemia.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, no descarta que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 pueda incluir algunos ajustes fiscales, aunque apunta que "no serán significativos ni nucleares", ya que la intención de que "la parte más importante" de la reforma fiscal que quiere acometer el Gobierno se produzca después de conocer el documento que el grupo de expertos formado para este fin publicará en febrero de 2022.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avaló unos Presupuestos Generales del Estado para 2022 con las reglas fiscales suspendidas y un déficit para ese ejercicio del 5%. La ministra destacó que la suspensión, por tercer año, de las reglas de gasto son "un paso más para que nuestro país cuente el año que viene con unos Presupuestos estatales que consoliden una recuperación económica justa socialmente que llegue a todas las personas y todos los territorios".
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno estudiará el impacto que la rebaja temporal del IVA a la luz está teniendo actualmente en el recibo de la luz para tomar una decisión sobre extender esta rebaja más allá del próximo 31 de diciembre.
La reforma del modelo de financiación autonómica aún tendrá que esperar. También la idea de crear un fondo compensatorio, como esta semana pedían los presidentes Ximo Puig y Juan Manuel Moreno Bonilla. Y es que de momento, el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero no contempla esta media. Lo que sí explicó la ministra es que en el próximo ejercicio presupuestario, es decir, en 2022, las previsiones son que las CCAA reciban 15.000 millones de euros menos que en 2021. Por tanto, para el próximo año, las entregas a cuenta previstas se quedan en 112.213 millones de euros, además de un plus de 7.000 millones que corresponden, por un lado a la liquidación negativa que no tendrán que reintegrar -concretamente 3.900 millones-, y por otro, a 3.100 millones, dinero que se debe a estas administraciones en concepto de IVA desde 2019, y que por la demora, lleva un recargo de intereses de 600 millones de euros.
Las posiciones enfrentadas de los socios de Gobierno sobre la conveniencia de incluir algunas medidas tributarias de la futura reforma fiscal en los Presupuestos de 2022 ha enredado el tramo final de las negociación de las cuentas, que el Ministerio de Hacienda quiere presentar en las próximas semanas.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la renovación del convenio Muface para los próximos tres años. El ministerio de Hacienda autorizará una partida de 3.571 millones de euros para el periodo comprendido entre 2022 y 2024, lo que supone un incremento en las primas que recibirán las aseguradoras entre el 8 y el 10%. En concreto, será del 8% para el primer año, se elevará al 8,75% para 2023 y un 10% para 2024 en relación a la prima del ejercicio 2020-2021.
Las diferencias en el seno del Gobierno son cada vez mayores. Actualmente, hasta siete puntos separan a socialistas y podemitas en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Se trata del impuesto de Sociedades, la Ley de Vivienda y especialmente el consiguiente control precio del alquiler, la reforma laboral, la renta mínima, la reforma de las pensiones y, las ayudas a la maternidad que postula la ministra podemita, Ione Belarra.
Las oficinas de la Administración General del Estado (AGE) recibe desde este viernes a 229.348 empleados públicos que retoman el trabajo presencial después de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública decretara la vuelta de los funcionarios salvo en algunas excepciones.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha conseguido el plácet del Ministerio de Hacienda para asumir los ingresos por el canon anual derivado de la explotación de las áreas de servicio en los nuevos contratos de conservación de carreteras.
Desbloqueados gracias al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos en la ley de vivienda, el Consejo de Ministros ha aprobado este jueves los Presupuestos de 2022 con un techo de gasto récord, un importante aumento de la financiación autonómica, un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, una subida del sueldo de los funcionarios del 2%, un alza del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital y un bono vivienda y otro cultural para jóvenes.
La reforma fiscal que aborda el Ministerio de Hacienda y Función Pública podría llegar antes de lo previsto según lo avanzado este lunes por la ministra María Jesús Montero, que ha abierto la puerta a aprobarla "a lo largo del próximo año 2022 o en 2023".
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado esta mañana en el Congreso de los Diputados por el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene prácticamente el nivel inversor en la Comunidad Valenciana, con 1.208,61 millones de euros, frente a los 1.164 millones del año anterior.