La recaudación de impuestos es uno de los principales termómetros para entender la evolución económica en sus diferentes planos. Tanto es así, que la evolución de los ingresos tributarios del Estado está directamente relacionada con el comportamiento de la economía. Ahora bien, según se desprende de los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, España parece tener dificultades para aumentar el rendimiento del impuesto de Sociedades en los últimos años, pese a la recuperación económica que ha jalonado e impregnado los saldos anuales de recaudación: a finales de 2019 los ingresos eran aún un 47% inferiores que los registrados justo en el año previo a la crisis de 2008. Todo ello, a pesar de que en el mismo periodo de tiempo la recaudación total se ha incrementado en un 6,06%.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) propone que se rebaje la cuantía para la inclusión en la lista de morosos de Hacienda desde el actual millón de euros hasta los 300.000 euros. Consideran que el impacto social de las deudas impagadas "no viene por las grandes deudas, sino por millones de deudas de elevada, mediana y pequeña cuantía".

No son admisibles para la liquidación de una deuda tributaria considerada como no ingresada o para la imposición de sanciones tributarias los documentos obtenidos en un registro domiciliario a terceros, que resultan de una prueba declarada nula por la jurisdicción Penal, al considerar los jueces que se han vulnerado derechos fundamentales en la operación.

El ministerio de Hacienda prescinde a día de hoy de un 17% de los inspectores pese a que el presupuesto del organismo público cuenta con una partida consignada para la contratación de estos funcionarios, necesarios para el gran objetivo de persecución del fraude fiscal que promulga el Gobierno de coalición. Concretamente, de los 2.458 puestos que se habilitan para el cuerpo de inspectores de Hacienda, en este momento se encuentran cubiertos 2.021, por lo que restan 437 puestos vacantes.

Navidades, época de mucho movimiento económico y bien por unas causas o por otras son muchos los españoles que siguen haciendo ingresos en metálico en su cuenta bancaria. Un proceso que no ha perdido fuerza, pese al aumento de las transferencias a través de plataformas como Bizum, y sobre el que la Agencia Tributaria pone sus ojos para tratar de evitar el fraude y el blanqueo de capitales.

En un claro intento de seguir luchando contra el fraude fiscal, el Ministerio de Hacienda llevó a cabo, hace unos meses, una dura reforma por la que ponía mayores restricciones a ciertas cantidades de dinero o actuaciones. Entre los nuevos conceptos que incluía el fisco, varios de ellos se centran sobre los trabajadores a cuenta propia con el objeto de acabar con las artimañas que algunos de ellos usan para 'limpiar' sus cuentas. Unas infracciones que pueden llegar a multarse con hasta 50.000 euros en caso de que se tenga una particular herramienta.

La elevada edad de los funcionarios españoles es un problema del que ya ha advertido incluso la OCDE. Ahora, los propios trabajadores públicos alertan de que la próxima oleada de jubilaciones hará casi imposible el control del reparto y ejecución de los fondos europeos que, hoy por hoy, sólo llegan al 2% de las empresas.

La avanzada edad de buena parte de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y la escasa rotación y cobertura de plazas, especialmente complicada en el caso de los Inspectores, abre una espita sobre la capacidad a medio plazo de la Administración Central para controlar y vigilar las entregas y buen uso de los fondos europeos para la reconstrucción que irán llegando a España en los próximos años. Según los datos sobre la plantilla del Ministerio de Hacienda a los cuales ha tenido acceso elEconomista, la edad media de la fuerza laboral del organismo, tanto funcionarios como personal laboral, es de 54,2 años. Con esta situación, unido a la baja rotación de las plazas abre un horizonte de 10 años de tensionamiento de las cargas laborales, cuando comenzarán las jubilaciones en bloque del cuerpo funcionarial de Hacienda, en un momento crucial para la recuperación de la economía española tras la pandemia, que dependerá en buena medida de esa financiación procedente de la UE.

La Junta de Andalucía ha acordado aceptar el pago de los 534,30 millones de euros que el Gobierno central adeudaba a Andalucía desde julio de 2019 en concepto del denominado 'mes 13' del IVA de 2017. El Ministerio exige a cambio al Gobierno andaluz que remita al Ministerio de Hacienda antes del 1 de febrero un acuerdo de su Consejo de Gobierno en el que se disponga que dicha medida permite dar satisfacción a todas las reivindicaciones de la comunidad, se recoja el compromiso de no iniciar nuevos procedimientos en vía administrativa o judicial y, en caso de que exista un proceso judicial en curso, como es el caso de Andalucía, se comprometa a desistir del mismo

En pleno conflicto entre las autonomías y el Estado por el reparto de los fondos europeos, el Gobierno se afana en hacer un guiño a esas últimas Administraciones. El Ministerio de Hacienda anunció ayer que atajará el conflicto enquistado desde 2017 por los pagos, a cuenta de la liquidación del IVA, que las autonomía no recibieron desde entonces, cuando el ministro del ramo aún era Cristóbal Montoro.

Los expertos designados por la comisión mixta de la Generalitat Valenciana y Les Corts para la reforma de la financiación autonómica han concluido que el borrador presentado en diciembre por el Ministerio de Hacienda no es suficiente para solucionar la infrafinanciación valenciana y no garantiza una mejora de la situación de la Comunitat Valenciana. Un informe que será el que el Gobierno de Ximo Puig utilizará como base para sus alegaciones a Hacienda, según reconoció el propio Ximo Puig.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tumbado la polémica Declaración de Bienes en el Extranjero, el llamado Modelo 720. El TJUE ha emitido esta mañana su sentencia final, a la que ha tenido acceso elEconomista. El fallo, histórico, enmienda las conclusiones del Abogado General, y considera que la normativa fiscal española impone unas restricciones a la libre circulación de capitales "desproporcionadas". La Justicia europea tumba así el Modelo 720 al completo, tanto el fondo del mecanismo, como sus elevadas multas.

"Siempre he dicho que lo mejor del Modelo 720 ha sido tener la oportunidad de conocer a personas como Esaú Alarcón". En estos términos se pronunciaba el abogado Alejandro del Campo ante preguntas de este periódico esta misma semana. "Ni Alejandro del Campo ni yo somos héroes. Solo impenitentes que luchamos por el bien común", respondía Esaú Alarcón. "Quiero recordar a Isabel Espejo, que en paz descanse, a Sanz Gadea y a Paco de la Torre que, pese a su condición funcionarial, defendieron mi misma tesis frente al Modelo 720", añadió.

La historia judicial del Modelo 720, tras la apertura del expediente sancionador a Manuel Molina, primer español que sufrió los rigores de las multas por declarar de forma extemporánea hasta los preparativos del modelo 721, que obligará a declarar los criptoactivos y cuyo régimen sancionador no podrá ser equiparable a las que regían para la Declaración, tras el histórico fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Unánime. Así ha sido el varapalo que estos días ha empezado a recibir el Ministerio de Hacienda a propósito del informe elaborado por un grupo de trabajo, documento en el que se recoge la propuesta de cálculo de población ajustada, uno de los criterios empleados en la financiación autonómica para el pago del Estado a las administraciones regionales por sus servicios públicos.

La Abogacía del Estado reconoce el varapalo judicial que ha sufrido España por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tumba la Declaración de Bienes en el Extranjero de Hacienda, el polémico Modelo 720. El informe, al que ha tenido acceso elEconomista, asume la dureza y la taxatividad de los magistrados de la Unión Europea.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, pedirá al Ministerio de Hacienda una compensación a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos del impuesto de la plusvalía tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de octubre de 2021.

El Gobierno apuesta por mantener la Declaración de Bienes en el Extranjero, el polémico el Modelo 720, tras la sentencia europea del pasado 27 de enero, que rechaza este sistema. El Partido Socialista (PSOE) ha propuesto, eso sí, una reforma del régimen sancionador del Modelo 720. El PSOE ha aprovechado la tramitación de una reforma del Impuesto sobre Sociedades (IS) y el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes (IRNR) para introducir una enmienda que, de aprobarse, modificará las sanciones formales y las del 150%. Además, elimina la imprescriptibilidad.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recibido esta mañana las conclusiones del informe de reforma fiscal del grupo de trabajo que encargó el año pasado. Montero ha agradecido el trabajo a los expertos, pero descarta aplicar las subidas fiscales que propone el texto. "No es el momento", ha declarado.

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una inspección sobre las empresas que están intermediando en la compra de material sanitario ante las sospechas de fraude. Según han confirmado distintas fuentes, la investigación se centra en sociedades fantasmas o incluso con ramificaciones en territorios offshore.

El comité de expertos designados por el Ministerio de Hacienda para sugerir modificaciones del sistema fiscal publicó este jueves su batería de medidas, recogidas en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria.

El Libro Blanco que recoge las sugerencias del comité de expertos en materia fiscal del Ministerio de Hacienda propone una subida fiscal a las clases medias de alrededor de 50.000 millones de euros. A parte de la armonización patrimonial y los incrementos que propone el documento en el Impuesto sobre Sociedades (IS), el mayor impacto recaudatorio de las recomendaciones en el medio plazo se extraería del grueso de los contribuyentes.

Los ingresos de Hacienda se disparan un 15,1% arrastrados por la inflación. La Agencia Tributaria recaudó 223.385 millones millones de euros en 2021, según ha avanzado esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La ministra ha destacado este aumento de los ingresos pese a las rebajas fiscales de la electricidad, cuyo impacto ha cifrado en 1.600 millones de euros. El dato de recaudación ha permitido una rebaja del déficit, aunque aún se sitúa en el 6,76% del PIB.

Las gasolineras prevén un colapso en la Administración ante el primer día para tramitar la gestión de la nueva bonificación del Gobierno para reducir el precio de los combustibles. Fuentes del sector consultadas por elEconomista indican que mañana "se van a recibir en torno a unas 10.000 solicitudes y van a tener que gestionarlo todo a la vez, pasará lo mismo que pasó con los Ertes".

La Asociac¡ón Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas mantuvo el pasado 8 de abril una reunión con la Secretaría de Estado de Hacienda para tratar de buscar soluciones a la complicada situación que atraviesan los expendedores por culpa del Real decreto-ley 6/2022.

El gasto público ha superado el umbral del 50% del PIB. Y no lo ha hecho de forma excepcional, sino que es una tendencia que suma dos ejercicios consecutivos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha validado esta misma mañana el cuadro macroeconómico que tiene que enviar el Gobierno a Bruselas hasta este sábado como parte del plan de estabilidad hasta 2025. El visto bueno de la auditora pública es imprescindible para el Consejo Europeo, y manda deberes a Calviño y Montero: alerta del impacto real de los fondos europeos y de la falta de transparencia en la información sobre la ejecución de la financiación europea. Además, invita a Economía y Hacienda a valorar en mayor medida los factores externos que puedan afectar a la economía.

El director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez, cuestiona la propuesta técnica para la reforma del modelo de financiación del Ministerio de Hacienda porque "puede desfigurar" el criterio de población ajustada y considera la condonación la única opción para el lastre de la deuda.

La debilidad del mercado de matriculaciones en España durante 2021 tuvo un efecto importante en la recaudación pública.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dicho la última palabra ni tampoco se ha cerrado en banda a subir 10 puntos el actual impuesto de Sociedades a las empresas eléctricas -que hoy tributan al 25%-, en el decreto que se aprobará este sábado, en un Consejo de Ministros que tendrá carácter extraordinario.