El despido por ausencias al trabajo no es nuevo. Dicha causa de extinción contractual lleva contemplada en el Estatuto de los Trabajadores desde su primigenia versión de 1980. Es cierto que desde entonces ha sufrido cambios, pero la causa en sí lleva incorporada al ordenamiento jurídico español desde hace ya cuarenta años. Nadie se molestaba hasta una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que la aplicó.
La situación creada por el coronavirus está poniendo a prueba a la legislación laboral española, así como a la de prevención de riesgos laborales, sin olvidar las limitaciones que plantea la ley de protección de datos a la hora de manejar nombres y situaciones de riesgo de contagio en los centros de trabajo.
Las medidas económicas que se han ido adoptando desde el inicio del Covid-19, han generado la promulgación de una serie de nuevas disposiciones legales, de aplicación temporal y/o permanente.
En Chile se está dando la "tormenta perfecta" a nivel económico entre la crisis social de octubre y el Covid-19, provocando despidos de personas y cierre de empresas.
Cuando uno se empieza a introducir en el mundo de los mercados financieros, una de las primeras cosas que se suele aprender es la labor de los activos refugio, y que el rey en esto es, y siempre ha sido, el oro. Sin embargo, en la parte fácil del ciclo de mercado, uno puede llegar a olvidarse de la importancia de estos refugios. No se necesitan, ni dejan buenas rentas, como ha ocurrido desde 2012 hasta 2019 en el oro, mientras los inversores en bolsa y en renta fija recogen los beneficios. Sin embargo, y aunque en estos periodos siempre hay turbulencias puntuales, cuando llega el verdadero pánico, como en este año, los activos que dan protección cobran protagonismo.
A raíz del confinamiento total de mediados de marzo, muchas empresas tomaron la decisión de imponer medidas de conciliación de vida laboral y familiar. Las empresas han permitido que los padres y madres con niños en edad escolar, así como con dependientes puedan estar en sus casas trabajando a distancia. Después, y debido a las medidas más drásticas de confinamiento total, se incorporaron todos los trabajadores menos los considerados esenciales. Ello, ha comportado que se pudiera trabajar en sus domicilios reduciendo los desplazamientos entre los hogares y los centros de trabajo y, consecuentemente, las posibles exposiciones a contagios.
Allá por el año 2011, con la eclosión de la anterior crisis económica que sufrió nuestro país, tuve ocasión de participar como ponente en una sesión de expertos concursales en la que se concluía que los procedimientos concursales españoles tenían un índice de fracaso muy superior al de los procedimientos de insolvencia anglosajones (Gran Bretaña con sus entonces vigentes Insolvency Rules de 1986 y los EEUU con el famoso y envidiado chapter 11) y ello se debía, fundamentalmente, a varias circunstancias.
Parece que existe cierto pulso y debate sobre a qué ministerio corresponde la iniciativa y competencia en materia de planes de pensiones y sistemas o productos de ahorro-previsión. Desde su nombramiento para el cargo, el titular del Ministerio que incluye a la Seguridad Social, no sin un buen background, ha efectuado diversas y polémicas declaraciones acerca de su visión y planteamientos sobre este tema. A partir de cierto momento, la titular de Economía parece haberle desautorizado y haber tomado bajo su cargo la cuestión. Una pregunta básica sería: ¿a cuál de los dos departamentos corresponde legalmente la iniciativa y competencia en la materia?
La Plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de pago a plazo justo, con el que se busca proteger a las medianas, pequeñas y microempresas, según informó W Radio, aliado informativo de El Economista.
Los padres pueden disfrutar acumuladamente el permiso de lactancia aunque las madres tengan suspendidos sus contratos por maternidad. Así, lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 10 de marzo de 2020, en la que se estima que estamos ante un permiso retribuido que implica la prestación efectiva de servicios y que supone que el contrato de trabajo no se encuentra suspendido.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la legislación actual es suficiente para hacer frente al problema de la 'okupación' de viviendas y también para proteger los derechos de los propietarios.
La nueva Ley Concursal, que incluye en un texto refundido las casi 30 modificaciones que ha sufrido esta norma desde su creación, entra en vigor este martes, 1 de septiembre.
El Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, se articuló, entre otras finalidades, para dar salida al escenario judicial previsible tras los efectos del estado de alarma acordado por virtud de la crisis sanitaria ocasionada por la propagación del COVID-19, y para cuyo dictado se recabó opinión e informe de muy distintos operadores jurídicos con presencia relevante en la Administración de Justicia, empezando por el propio Consejo General del Poder Judicial y los Jueces y Letrados de la Administración de Justicia, principales actores, y concluyendo con Colegios Profesionales, Asociaciones y otras organizaciones y colectivos con presencia activa en Administración de Justicia.
La Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, después de la reforma del régimen normativo del recurso de casación operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, regula un sistema casacional basado en el trámite de admisión que examina la existencia de un interés casacional objetivo. El sistema descansa, por tanto, en la capacidad del Tribunal Supremo de elegir los asuntos sobre los que pronunciarse y sentar jurisprudencia.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles, 25 de noviembre, del anteproyecto de la ley de Economía Social de Aragón, elaborado en colaboración con el propio sector a través del un grupo de trabajo creado hace un año.
Un grupo bipartidista de senadores y miembros de la Cámara de Representantes propuso un proyecto de ley de ayuda por el covid de 908,000 millones de dólares que financiaría medidas hasta el 31 de marzo, incluyendo 228,000 millones de dólares en fondos adicionales del programa de protección de nóminas.
El teletrabajo ha pasado de ser una tarea pendiente, a una decisión obligada. Ya no es sólo una medida de conciliación que gestionan el área de recursos humanos de las empresas más modernas. Hoy es una cuestión de negocio y se aborda desde la dirección general de las organizaciones.
La Generalitat ha aprobado el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, un texto que afecta a los arrendatarios de locales comerciales cerrados o con el uso limitado por las medidas contra la COVID-19, marcando el curso de la renegociación del precio de los alquileres con su arrendador.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, y la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en funciones, Mar España, han presentado hoy en un acto el Canal prioritario puesto en marcha por la AEPD para comunicar la difusión de contenido sensible y solicitar su retirada, un sistema que se apoya en un convenio y varios protocolos de colaboración suscritos por la Agencia con la Vicepresidencia del Gobierno y varios ministerios y organismos.
El diputado de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha avanzado este jueves que no apoyará el proyecto de ley de Simplificación Administrativa "tal y como está", en su redacción original, porque "puede acabar en la desregulación". Sanz defenderá varias enmiendas "constructivas" para mejorarlo durante la tramitación parlamentaria.
