Hechos son amores y no buenas razones". Este aforismo popular viene a definir, una vez más, la actuación Pedro Sánchez y un gobierno que mientras predica la transparencia con la boca se ha convertido en el paradigma de la ocultación y la mentira con sus hechos. Y ahí está, si no, el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de gestión de los fondos europeos, que Pedro Sánchez y su equipo ocultaron deliberadamente al Parlamento, a la Intervención General del Estado y a la opinión pública durante dos meses y medio, rompiendo las más elementales regla democráticas, en el que este órgano consultivo expresaba su profunda inquietud por la falta de mecanismos democráticos y administrativos en la gestión de los fondos europeos de Reconstrucción y Resiliencia.

La persona que vende su vivienda habitual y adquiere otra en construcción, dispone de un plazo de dos años para reinvertir el importe obtenido para tener la exención en el Renta de las Personas Físicas (IRPF), contados desde la transmisión y siendo suficiente con que en dicho plazo reinvierta el importe correspondiente, sin necesidad de que adquiera el dominio de la nueva vivienda o de que la construcción de ésta haya ya concluido.

La prohibición absoluta del uso de pago de títulos bancarios al portador y su exclusión definitiva de tráfico económico constituye "una medida innecesaria y desproporcionada a los fines del control del fraude fiscal" y se "opone al principio general de admisión del euro como moneda de curso legal, extintiva de las obligaciones", según establece el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, en sentencia de 25 de febrero de 2021.

Con algunos días de retraso, el Gobierno aprobó ayer el fondo de 11.000 millones de ayudas al turismo, la hostelería y el comercio con lagunas en su desarrollo normativo, escasez del volumen económico, incógnitas por despejar y, el olvido de sectores como el industrial, castigado como otros por los efectos económicos del Covid-19.

En breve se pondrá en marcha una nueva campaña para la declaración de la renta. Normalmente, para millones de contribuyentes, se convierte en un ejercicio agradable porque Hacienda les devuelve. Poco o mucho, pero les devuelve. En primer lugar, con qué poquito nos conformamos. Hemos financiado al Estado durante unos cuantos meses y nos ponemos contentos porque nos van a devolver, sin intereses ni sanciones para ellos por la tardanza en hacerlo, lo que nos han cobrado de más. Que agradecidos somos los contribuyentes.

Tener el dinero "debajo del colchón" siempre ha sido algo muy clásico. La tarea más 'cómoda' que antiguamente y ante las dificultades para pagar o moverse tenía más que sentido. Sin embargo, con la proliferación de las últimas tecnologías y ante las diversos casos que se pueden originar, lo más recomendable es huir del metálico.

Antes del 31 de julio, fecha límite para que las empresas apunten el balance del ejercicio pasado, las sociedades deben presentar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil (RM). Sin embargo, mucho han cambiado las cosas desde la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Auditoría (RD 2/2021, de 12 de enero), el pasado 1 de febrero, ya que incluye un nuevo régimen sancionador para los incumplidores.

Los inversores que hayan apostado por las criptomonedas en 2020 y las hayan vendido posteriormente deben incluir sus operaciones en la declaración de la renta de ese ejercicio, ya que tributan de la misma forma que cualquier otra ganancia patrimonial, según han explicado expertos consultados por Europa Press.

La Agencia Tributaria (Aeat) persigue a los administradores de las empresas para cobrar y ha aumentado los procedimientos de "derivación de responsabilidad" contra ellos y otras figuras un 119% en 2020. La Aeat utiliza esta figura legal para exigir el pago de deudas o sanciones no atendidas por las empresas a sus administradores.

La recaudación fiscal proveniente de la tasa sobre el juego no aumenta y alcanza los 1.075 millones de euros. Las subidas se han producido año tras año entre 2013 y 2019, concretamente, un 3% en todo el periodo, según señala un estudio de Fundación Civismo.

Con el inicio de la campaña de la declaración de la renta de 2020 a la vuelta de la esquina, es hora de resolver las dudas pendientes. Una de ellas, muy común, se presenta ante la posibilidad, o no, de desgravarse parte de lo pagado por la hipoteca. 

El uso cada vez más extendido de los medios de pago digitales y las fuertes subidas que se publicitan a diario sobre las inversiones en criptomonedas, han supuesto un fuerte aumento en el uso e inversión en este tipo de activos a un público cada vez mayor.

Las estimaciones de recaudación de la Agencia Tributaria (Aeat) para el año 2020 anticipan una subida récord de la presión fiscal de alrededor de dos puntos que acercarán el indicador en torno al 37%. Los datos de la Aeat -en espera del informe anual oficial- prevén una caída de la recaudación del 8,7% mientras que el PIB de la economía española cayó un 11% en 2020.

A partir del 7 de abril de 2021, los contribuyentes podremos obtener el borrador y los datos fiscales de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por medios telemáticos en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat),

El próximo 7 de abril, la Agencia Tributaria abrirá la campaña para la Declaración de la Renta de los ingresos de 2020. Un periodo que se extenderá hasta el 30 de junio, pero que ya se puede empezar a estimar cómo quedará gracias al simulador que Hacienda ha puesto a disposición del contribuyente.

La lucha por topar los alquileres llega a Madrid

En el entorno de Pablo Iglesias comentan que las presiones que ejerce el aún vicepresidente segundo del Gobierno sobre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos para imponer topes a los precios de los alquileres no dan resultado. Es más, aseguran que Iglesias se teme que Ábalos no dé su brazo a torcer en este sentido, a pesar de la insistencia a la que se ha visto sometido por parte de Podemos. Ante este presumible fracaso, se rumorea que el también candidato morado en las elecciones del 4 de mayo quiere llevar esta batalla por topar los alquileres hasta la campaña electoral por Madrid. Con esta idea, en su entorno se habla de que Iglesias incluirá en su programa electoral medidas para el mercado del alquiler de marcado carácter intervencionista. “Se introducirá en el programa la elaboración de un registro de casas vacías, como el que ya existe en otras seis comunidades autónomas”, aseguran desde Unidas Podemos. Las mismas fuentes también aseguran que la incorporación de la activista antidesahucios Alejandra Jacinto en la lista electoral de Iglesias para el 4-M va en esa misma línea, orientada a hacer bandera del intervencionismo en el mercado inmobiliario.

Los aplazamientos, la única medida de alivio fiscal para las empresas y autónomos por el Covid, generaron en menos de tres meses un aluvión de un millón de solicitudes a la Agencia Tributaria (Aeat). Un total de 600.000 empresas se acogieron al aplazamiento de los impuestos aprobado por el Gobierno en plena crisis del coronavirus el año pasado. Las empresas acogidas a la medida han abonado en periodo voluntario el 92% de las cantidades aplazadas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este viernes cómo queda el reparto entre las comunidades autónomas de los 7.000 millones de euros en ayudas directas que el Gobierno aprobó para empresas y autónomos afectados por la crisis sanitarias y de los que 2.000 millones ya se anunció que irían destinados exclusivamente a las islas Baleares y Canarias dado su potencial turístico.

El capítulo de las deducciones y beneficios fiscales es uno de los que más atención requieren a la hora de realizar la declaración.

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común otorga capacidad normativa sobre algunos aspectos del Impuesto sobre La Renta de las Personas Físicas (IRPF), como son las deducciones en el tramo autonómico.

El Gobierno de Aragón ha renovado créditos, a corto plazo, por valor de 400 millones de euros con los que se garantiza la liquidez de la tesorería y la capacidad de atender las obligaciones pendientes de pago que puedan generarse por posibles desfases entre los ingresos y los gastos en la gestión del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Marzo de 2021. Hoy, último día. Doce meses después, España anda sumida en horas muy bajas. La batalla sanitaria prosigue. En el frente económico las pérdidas se cuentan por cientos de miles y las víctimas en curso son y serán copiosas. En lo social, el país empieza a estar desmontado. La pobreza y las desigualdades se agudizan y recientes altercados como los de Barcelona transmiten una infausta imagen de España en el mundo. Y políticamente estamos en las manos menos idóneas tanto por los unos como por los otros y por los terceros. España, con ese paisaje, no saldrá de la hecatombe hasta dentro de mucho tiempo.

La campaña de la Renta y Patrimonio de 2020 comenzará el miércoles 7 de abril de 2021 para la presentación de declaraciones por internet, y el 2 de junio para la presentación en las oficinas, prolongándose hasta el miércoles 30 de junio de este año.

La Agencia Tributaria permite fraccionar en seis veces el pago de la liquidación del IPRF a aquellos contribuyentes que estuvieron incursos en un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) durante 2020 y cuya declaración salga positiva.

El Gobierno completó este martes la reglamentación de la nueva normativa que obliga a los asesores fiscales a denunciar a sus propios clientes que quieran sacar dinero fuera de España. Esta normativa, tal y como adelantó elEconomista, regula un intercambio "automático y obligatorio" de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

Los menores de edad no pueden ser declarados responsables solidarios de deudas con Hacienda por su colaboración en ocultación de bienes cuyo causante o colaborador sea su representante legal, según la nueva doctrina judicial establecida por el Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de marzo de 2021.

Es evidente que el coronavirus ha trastocado profundamente nuestras vidas y que sus consecuencias exceden claramente del ámbito estrictamente sanitario. En materia de impuestos, seguramente es donde más se hace visibles estos efectos. En estos momentos en que más haría falta encontrar una cierta humanidad, nos vemos doblegados ante la implacable frialdad de la maquinaria administrativa que actúa con pocas contemplaciones. El sostenimiento del gasto público es el que manda.

Numerosos españoles residentes en países extranjeros ajenos a la UE denuncian en Bruselas a la Hacienda española. Se trata de una respuesta coherente con el agravio que sufren cuando hacen la declaración de los ingresos que siguen obteniendo en España derivadas, por ejemplo, del alquiler de inmuebles que poseen en nuestro país.

Los españoles que residen fuera de la Unión Europea (UE) denuncian estas semanas en masa ante Bruselas la persecución que sufren de la Hacienda española por las rentas que mantienen en España. Los afectados piden a la Comisión Europea que tumbe la ley tributaria española que les hace pagar hasta más del triple por sus rentas respecto a los que viven dentro de la UE o el Espacio Económico Europeo.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado alerta del colapso de los Tribunales Económico Administrativos (TEA) y del peligro que existe de que prescriban los expedientes atascados.