La aplicación de la euroorden falla. No solo es la opinión del Gobierno español por sus problemas para ejecutarla en caso de los líderes catalanes fugados.

Los retrasos al pagar a proveedores y contratistas en el sector público y privado es un problema que arrastra nuestro país desde hace años. Y aunque España ha logrado algunos avances, para Bruselas no resultan suficientes. Sobre todo cuando Europa se recupera de su mayor crisis en siete décadas de historia con un tejido empresarial muy debilitado.

Con los oídos y los ojos que Dios me ha dado, he escuchado y visto a Manuel de la Rocha decir que el Gobierno sólo tiene intención de solicitar, de los famosos fondos europeos, la parte de los mismos que son transferencia (o sea, que no hay que devolver), y que ascienden a 68.000 millones de euros. De la Rocha, que es el responsable del encargo del presidente Sánchez de conseguir el parné, ha dicho que el resto hasta los 140.000 millones, que sí habría que devolver pues son vía préstamo, que ya verán si los piden o no.

La Comisión Europea ha anunciado que la primera emisión de deuda para financiar el fondo de recuperación tendrá lugar este martes y que espera poder efectuar los primeros desembolsos en agosto, lo que supone retrasar sus previsiones iniciales que apuntaban a julio como fecha para comenzar los pagos.

Europa celebró la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca con todo tipo de halagos y grandes declaraciones. Tras cuatro años de tormentosa relación con Donald Trump, los europeos por fin tenían la oportunidad de reencauzar la relación con su principal y más antiguo aliado.

España recibe este miércoles la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con el anuncio bajo el brazo de la aprobación de los fondos de Recuperación y Resiliencia -por parte de la Comisión, aun queda la aprobación del Consejo para finales de junio-, lo que significa para este país 140.000 millones de euros repartidos en 72.000 millones en subvenciones, y el resto en préstamos.

La Comisión Europea ya ha aprobado el plan de recuperación de Portugal, el primero que recibe el visto bueno de Bruselas y con el que el país luso aspira a obtener 16.600 millones de euros entre transferencias y préstamos durante los próximos cinco años.

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el plan de recuperación elaborado por el Gobierno español con las reformas e inversiones con las que quiere captar las ayudas del fondo anticrisis de la UE, un paso que acerca el desembolso de los primeros 9.000 millones que llegarán en julio en forma de anticipo, según ha informado la Comisión Europa este miércoles.

Una vez que el Consejo de la Unión Europa dé el visto bueno a los planes que este miércoles ha ratificado en primera instancia la Comisión -empezando por España, para después visitar el resto de Estados miembros-, el reloj de la institución empezará a funcionar de otra manera, con otra dinámica.

Uno de los asuntos prioritarios en la agenda política es el de la regulación de alquileres, congelando precios en zonas concretas. La decisión no parece la más acertada. De nuevo, hay que apelar a aquello de que sería bueno que nuestras autoridades políticas hicieran un gesto y aprovecharan para ponerse manos a la obra con vivienda social y asequible para todas economías, incluso buscando complicidades con el sector privado tal cual ocurre en otros países europeos.

Todas las instituciones y casi todos los Estados miembros coinciden en que la eurozona tiene que completar cuanto antes la unión bancaria, creando la esperada garantía de depósitos común. Sin embargo, Alemania, el principal y prácticamente único obstáculo, volvió a demostrar que todavía no está lista para aceptar un fondo común para proteger a los depositantes de otros socios, o EDIS, como es conocida la propuesta por sus siglas en inglés.

Italia y España se convirtieron en la 'zona cero' de la pandemia del covid-19 en Europa. Por eso, los socios mediterráneos fueron distinguidos como los grandes beneficiarios del fondo de recuperación europeo de 800.000 millones de euros. Entre ambos se llevarán 331.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y préstamos, casi la mitad de la potencia de fuego del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, el principal pilar del fondo.

La realidad de las ayudas europeas es muy diferente a la que describió el Gobierno cuando aseguraba que su recepción estaba liberada de toda condicionalidad. Muy al contrario, ya en su segundo tramo, la llegada de las transferencias y los créditos no sólo demandará requisitos como reformar el sistema de pensiones y mantener la flexibilidad del mercado laboral.

Se esperaba que la migración fuera el plato fuerte de la cumbre europea que arrancó en Bruselas, y continuará hoy con los temas económicos. La propuesta de Francia y Alemania de recuperar los encuentros con el presidente ruso, Vladimir Putin, robó los focos y atrajo la polémica en el último minuto. Sin embargo, la situación de la comunidad LGTBI en Hungría terminó por convertirse en el asunto que espoleó el ánimo de los líderes.

Tras tres años dando vueltas a los detalles y porcentajes, los negociadores Consejo (que agrupa a los Estados miembros) y del Parlamento Europeo lograron un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común el pasado viernes. Se cerraron así los flecos de la principal partida de gasto de la UE, que en el periodo 2021-2027 se llevará un tercio del presupuesto de la UE: 387.000 millones de euros.

La Comisión Europea (CE) ha exigido al Ministerio de Trabajo que antes de afrontar la reforma de la negociación colectiva puesta en estos momentos encima de la mesa de diálogo social que pretende modernizar el mercado laboral envíe a Bruselas un informe detallado sobre cómo ha funcionado la reforma laboral de 2012 aprobada por el Partido Popular en esta materia.

La mayor recesión en tres generaciones provocada por el covid-19 no cerró el bolsillo de la Comisión Europea al contratar consultores externos, más bien lo contrario. El gasto del Ejecutivo comunitario en PWC, Deloitte, EY y KPMG, conocidas como las 'cuatro grandes', continuó aumentando el año pasado, en parte debido a su creciente facturación vinculada al programa de apoyo a las reformas en los Estados miembros, según estimaciones realizadas por elEconomista.

Los productores de plátano denuncian en Bruselas su situación tras los cambios de la Ley de la cadena en España. Para la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), algunos de esos cambios normativos “son contrarios a la legislación comunitaria y a la jurisprudencia de los tribunales de la Unión Europea (UE) que la interpretan”, según figura en un resumen de la denuncia que ha remitido a la CE. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha reiterado que “no hay ninguna razón objetiva para que el plátano canario quede excluido de la ley de la cadena”, que “persigue evitar la destrucción de valor, así como determinadas prácticas comerciales desleales, además de aumentar la transparencia en el mercado”.

España tendrá que llevar a cabo la reforma laboral antes de que finalice este año. Este es el compromiso al que ha llegado el Gobierno con Europa para recibir las primeras ayudas de 19.000 millones del plan de resiliencia y transformación, de los cuales 9.000 millones se esperan para finales de este mes de julio. El subdirector general de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Declan Costello, así lo asegurado en las I Jornadas Next Generation organizadas por elEconomista.

Las nuevas previsiones que Bruselas hará hoy públicas mostrarán una mejora de los pronósticos relativos al PIB español en 2021. El avance del 5,9% que la Comisión esperaba en mayo pasado se convierte ahora en una tasa de crecimiento del 6,2%.

El optimismo echa raíces en la economía europea, y sobre todo en la española. A pesar de la expansión de la variante Delta del covid-19, y el impacto en el turismo de nuestro país, la Comisión Europea ha confirmado esta mañana la sólida recuperación en nuestro territorio.

La Comisión Europea presentará este próximo 14 de julio una reforma que le permita alcanzar una reducción de emisiones del 55% para 2030. Bruselas pondrá sobre la mesa el paquete de medidas ("Fit for 55") en el que incluye una actualización de todo el cuerpo legislativo climático. Para lograrlo, la Comisión planteará un fuerte incremento de los impuestos energéticos con la intención de dar señales de precio sobre los consumos para alinearlos con los objetivos de reducción de emisiones. Es decir, aquellos carburantes con más emisiones -diésel o butano- serán los que recibirán una mayor carga impositiva.

Con las bendiciones del Ecofin, España recibirá antes de que finalice el mes de julio los primeros 9.000 millones de euros procedentes de las transferencias del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Esta primera entrega que forma parte de los 70.000 millones, y que llega sin ninguna condicionalidad- estará muy pronto incorporada a las arcas públicas del país, en un momento en que las CCAA todavía siguen pendientes de mantener una reunión sectorial en la que se les aclare hacia qué proyectos van a ir destinados estos fondos europeos, máxime cuando está previsto en el reglamento de la Comisión que el 50% de los mismos debe ir a manos de las comunidades autónomas.

El malestar entre los gabinetes de comisarios y servicios de la Comisión Europea llevaba tiempo bullendo. La responsable es nada menos que la presidenta de la institución, la alemana Ursula von der Leyen. Critican su gestión centralista y bunkerizada, un estilo que quedó estampado en el ambicioso megapaquete aprobado este miércoles para reducir las emisiones de la UE al menos un 55% para 2030. Pero algunos este miércoles dijeron basta, y la revuelta estalló en la cara de la presidenta durante el colegio de comisarios, justo cuando le tocaba celebrar por la aprobación de uno de los paquetes más importantes de su mandato.

Hoy han llegado las esperadas conclusiones del Abogado General de la Unión Europea sobre la polémica Declaración de Bienes en el Extranjero de la Hacienda española, el llamado Modelo 720. Los argumentos del magistrado han dejado todavía más preguntas que respuestas sobre este polémico modelo tributario, que la Comisión Europea estima ilegal y ha pedido a los tribunales europeos que elimine. ¿Qué es este Modelo 720 y cuál es su historia? Aquí tiene la respuesta:

La Comisión Europea puede complicar el Fondo Nacional de sostenibilidad para el sistema eléctrico, el llamado 'céntimo verde', para industrias que utilizan el gas como materia prima.

La Comisión Europea volvió a pasar revista al Estado de Derecho en los 27 socios de la UE. Hungría y Polonia continúan destacando como los rebeldes, representando un serio desafío para Bruselas y las capitales. Pero España también se volvió a llevar un serio rapapolvo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial en este segundo examen anual que realiza el Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea ha actualizado sus reglas para las transferencias internacionales de datos. Bruselas refuerza así su normativa, que ahora exige más control en el traslado de los datos y carga con nuevas obligaciones a las empresas que envíen fuera de la Unión Europea esta información.

La Comisión Europea lanzó un procedimiento de infracción masivo por las deficiencias que ha notado en la implementación de la directiva de derechos de autor en el entorno digital, una de las que más polvareda levantó en Europa en los últimos años. La Comisión notificó la apertura de expediente a España y otros 22 Estados miembros, según informó en un comunicado.

Poco a poco, el megaestímulo europeo contra la crisis provocada por la pandemia se abre camino. Los ministros de Finanzas de la UE (el Consejo Ecofin) aprobaron los planes de recuperación de Croacia, Chipre, Lituania y Eslovenia, por lo que ya son 16 las propuestas de inversiones y reformas validadas por la UE, entre ellas la española. Además, la Comisión espera que el dinero empiece a llegar a las primeras capitales en "cuestión de días".