Este mes la Comisión Europea ha presentado "Fit for 55", posiblemente el paquete reformista más ambicioso de la legislatura que, mediante la revisión o aprobación de hasta 13 Reglamentos y Directivas, supone una actualización integral de la legislación de la Unión Europea (UE) para alinearla con sus ambiciosos objetivos en política climática. Sin duda, estas reformas afectarán a la práctica totalidad de los sectores económicos, obligando a las empresas a realizar cambios significativos en sus operaciones y a impulsar planes de transformación sostenible.

Adicionalmente a la tradicional actividad inversora en activos inmobiliarios, o la más actual inversión en criptodivisas -apuestas de mayor riesgo pero de mayor rentabilidad- en algunos países se ha venido desarrollando un mercado de inversión centrado en los procedimientos judiciales, gracias a lo cual un demandante que puede tener un buen caso pero no los fondos suficientes como para poder afrontarlo, obtiene financiación para enfrentarse a los altos costes derivados de un proceso judicial.

Decía Alfonso Guerra, con ese ingenió y mordacidad que le caracteriza y en referencia al general Franco que él no boxeaba con fantasmas. Una filosofía y una forma de entender la política la del que fuera vicepresidente del gobierno socialista de Felipe González, que ni entienden ni comparten Pedro Sánchez, su gobierno y su partido que, siguiendo las prácticas de adoctrinamiento y distracción que utilizaba el Dictador con las fugas del Lute y otros culebrones a la carta, se empeñan en resucitar una y otra vez a ese Franco al que necesitan y utilizan como estandarte propagandístico.

Un hecho indiscutible se viene produciendo dentro de la UE: su política migratoria es, si no inexistente, al menos ineficaz, lo cual implica una carga difícilmente asumible por los países más cercanos a África, entre los que está España. Pero existe un nuevo pacto sobre Migración y Asilo, que fue promovido por la Comisión Europea en septiembre de 2020, y tiene como objetivo abordar los desafíos migratorios con los que se enfrenta Europa actualmente.

La Comisión Europea ha transferido este viernes 24.900 millones de euros a Italia en forma de anticipo de su plan de recuperación, a través del cual el país recibirá un total de 191.500 millones hasta 2026 para acelerar la recuperación económica y avanzar en las transiciones verde y digital, según ha informado la institución comunitaria. Así, España se coloca rezagada a la hora de recibir el adelanto del Plan de Recuperación europeo por detrás de otros cinco países de la Unión: Portugal (2.200 millones), Bélgica (770 millones), Luxemburgo (12,1 millones) y Grecia (4.000 millones).

La Comisión Europea ha autorizado este lunes que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) utilice un nuevo producto financiero a través de su fondo creado para hacer frente a la pandemia con el objetivo de movilizar hasta 13.000 millones de euros en inversiones para pequeñas y medianas empresas golpeadas por la pandemia.

La Comisión Europea ha transferido este martes a España los primeros 9.000 millones de euros del plan de recuperación. Llegan como anticipo de los casi 70.000 millones que el Gobierno ha solicitado al Ejecutivo comunitario en forma de transferencias no reembolsables.

La Comisión Europea trabaja ya en la revisión de dos conjuntos de normas de la Unión Europea (UE) sobre los derechos de los consumidores en un mundo reconfigurado por la digitalización y la pandemia de Covid-19. La Comisión refuerza la red de seguridad para los consumidores de la UE. Por ejemplo, aboga por que los productos peligrosos se retiren del mercado o por que las ofertas de crédito se presenten a los consumidores de forma clara y fácil de leer en dispositivos digitales. La propuesta actualiza tanto la Directiva relativa a la seguridad general de los productos vigente como las normas de la UE en materia de crédito al consumo para proteger a los consumidores.

Anda el Gobierno perdido y ciego buscando una luz que le ilumine para solucionar las desmedidas y abusivas subidas de la tarifa eléctrica. Unos, como los extravagantes ministros podemitas con medidas estrambóticas e intervencionistas, amén de inservibles y rayanas en la ilegalidad. Y otras, como la ministra Calviño, que parecía la más lista de la clase pero que se ha contagiado de la mediocridad circundante recurriendo a excusas de mal pagador como pretexto de echar la culpa al empedrado que, en esta ocasión, lleva el nombre de Rajoy, cuando hace ya más de tres años que fue expulsado de La Moncloa por quienes ahora gobiernan y que en ese tiempo ni se han preocupado ni ocupado del asunto.

La Comisión Europea (CE) anunció este viernes que retira su denuncia judicial contra la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca tras haber llegado a un acuerdo para la entrega de las vacunas contra el covid-19 no distribuidas.

Los ministros de Finanzas de la UE (Consejo Ecofin) aprobaron por videoconferencia los planes de recuperación de Irlanda y República Checa para capear la crisis provocada por el covid-19. Dublín accederá a casi 1.000 millones de euros en subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 672.500 millones de euros, mientras que Praga obtendrá 7.000 millones de euros en transferencias no reembolsables para digitalizar y reducir la huella de carbono de su economía.

La ministra María Jesús Montero defendió en el Congreso la necesidad de que las reglas de equilibrio presupuestario sigan un año más suspendidas para hacer frente a la crisis. La presentación del techo de gasto para 2022 ya demostró que el Gobierno daba por hecha esa suspensión.

La Comisión Europea se anotó un nuevo éxito con la cuarta emisión sindicada para financiar el fondo de recuperación. Esta vez consiguió 9.000 millones de euros con bonos a siete años. La demanda volvió a superar en gran medida a la oferta, ya que los inversores solicitaron hasta 103.000 millones de euros, 11 veces por encima de la propuesta del Ejecutivo comunitario. Según informó la Comisión en una nota, se trató de la mayor demanda recibida para bonos comunitarios con un vencimiento inferior a los 10 años hasta la fecha.

Más allá de la disputa entre Australia y Francia, el anuncio del acuerdo AUKUS para abordar cuestiones de seguridad en la región Indo-Pacífica ha causado un importante malestar entre los socios europeos que se replantean ahora sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y las negociaciones comerciales con Australia.

La Comisión Europea está dispuesta a modificar la legislación europea que afecta al secreto profesional del abogado sobre la base de una reflexión abierta, según ha anunciado Daniel Calleja, director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea.

La canciller de los pactos y las decisiones pausadas, Angela Merkel, se despide de la política germana tras casi 16 años como líder no solo de su país, sino como la presidenta en la sombra que de facto ha sido en la UE con un rol clave en graves crisis e hitos como el de los rescates a Grecia. Su trayectoria suma 31 años desde que ejerciera por primera vez como diputada del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, en 1990. Física de profesión, hizo de su política -con su lema la fuerza está en la calma- una praxis que, ahora, en el fin de su carrera política nacional y tras una serie de numerosas crisis a las que ha hecho frente, ha culminado siendo envidiable para el resto de políticos y ciudadanos. Y ahora, ¿qué? La canciller alemana ostenta un caché y una gran influencia a la que muchos presidentes no les gustaría enfrentarse. Sonó en las quinielas para presidir el Consejo Europeo como sustituto de Charles Michel, aunque podría ser un simple deseo. En el aire está, además, una posible entrada de Merkel a la empresa privada.

La regulación de los lobbies es una de las grandes tareas pendientes de España. Tanto es así que la Comisión Europea ha apremiado a España a desarrollar un reglamento que establezca unas normas comunes para los grupos de interés que cada vez tienen un papel más relevante en nuestro país. Para asegurarse de que España cumple con este deber, Bruselas ha decidido ligar la creación de la norma a la entrega de los fondos Next Generation EU, incluyendo este requisito en la documentación que aprobó el plan nacional de recuperación.

La Comisión Europea propondrá a los Estados miembros extender al menos hasta junio de 2022 la relación de las normas sobre ayudas de Estado para que los países de la Unión Europea puedan conceder ayudas públicas a pequeñas y medianas afectadas por la pandemia. "Por fin estamos empezando a ver la luz al final del túnel," ha dicho en una declaración escrita la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión al cargo de competencia, Margrethe Vestager, "sin embargo, tenemos que ser conscientes de las disparidades entre Estados miembros y de la necesidad de evitar el efecto precipicio al retirar las ayudas públicas".

Uno de los puntos más polémicos de la recién aprobada ley de los repartidores a domicilio estriba en la obligación que impone a las plataformas digitales de publicar sus algoritmos laborales.

La Comisión Europea estaría explorando la posibilidad de que los gobiernos nacionales compren y almacenen conjuntamente gas natural para impulsar la resiliencia energética de la región y evitar futuros choques de precios.

La Comisión Europea dará a conocer la semana próxima su plan de medidas para que los países miembros hagan frente a la crisis que los altos precios de la electricidad plantean.

El animal político que lleva Sánchez en sus entrañas volvió a manifestarse esta semana. El martes, mantuvo a la veintena larga de ministros en vela a la espera del inicio del Consejo de Ministros. Sánchez comenzó pidiendo perdón por la tardanza, aunque matizó "creo que ha merecido la pena". En un encuentro mano a mano con la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; de Derechos Sociales, Ione Belarra y de Hacienda, María Jesús Montero, acababa de desatascar las cuentas públicas para el próximo año, la condición sine qua non exigida por la Unión Europea para el desembolso de los fondos Next Generation.

Reino Unido y la Unión Europea buscan una solución a las tensiones en la frontera de Irlanda del Norte, con una reforma a propuesta de la Comisión que hace equilibrio entre facilitar el comercio en la zona, sin poner en riesgo la integridad del mercado único, ante la preocupación de los gobiernos europeos. Ayer, el vicepresidente Maros Sefcovic y el ministro para el Brexit, David Frost, se vieron las caras por primera vez para discutir el texto.

La Comisión Europea vigila ya que ningún corrupto pueda gestionar los fondos de recuperación de la Unión Europea (UE). Los funcionarios de Bruselas intensifican la vigilancia del proceso de ejecución de las ayudas en España. Según ha podido saber elEconomista, una de sus principales misiones será el control de las personas que integren las oficinas que gestionarán el dinero. Los altos cargos europeos quieren evitar que ninguna persona salpicada por corrupción acceda a este trabajo.

El Gobierno ha trasladado a la Unión Europea que bajará en 2022 la deuda hasta 4,5 puntos, situándola en el 115,1% del PIB desde el 119,5% de este año. El Gobierno sostiene que contendrá así el nivel de duda pese a firmar los Presupuestos más expansivos de la historia. El Plan Presupuestario 2022, enviado el viernes a Bruselas para el visto bueno de la Comisión Europea, recoge que el gasto consolidado del Estado para 2022 serán de 458.970 millones de euros -el mayor gasto de la historia-, de los que 27.633 pertenecerán a los fondos europeos.

La Comisión Europea reabrió el martes el debate sobre la reforma de la gobernanza económica de la Unión Europea, y aunque evita anticiparse al resultado de la consulta con gobiernos, expertos y actores sociales, aspira a encontrar una fórmula que permita una reducción sostenida de la deuda pública, sin frenar la inversión para apoyar la recuperación económica y las transformaciones ecológica y digital.

El pasado jueves 7 de octubre, el Gobierno de España aprobó el proyecto de Presupuestos Generales para 2022. De obtener su aprobación en el Congreso de los Diputados, se convertirán en los segundos presupuestos tanto de la actual coalición de gobierno como del presidente Pedro Sánchez, quien entre 2018 y 2020 debió gobernar con las cuentas heredadas de su antecesor Mariano Rajoy.

Es ya bien conocida la positiva valoración que siempre ha merecido a Bruselas la reforma laboral española aprobada en 2012. Nada ha cambiado hasta ahora en el juicio de la Comisión sobre esa ley y, por ello, a nadie extrañó que el Ejecutivo europeo, desde el primer momento, vinculara el futuro reparto de las ayudas Next Generation al respeto de las líneas fundamentales de esa reforma.

El falso pacto que Moncloa vende a la UE

El Ministerio de Hacienda remitió recientemente a Bruselas su proyecto de Presupuestos para 2022. Pero en el documento también se incluye información sobre las últimas medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo. Por ejemplo, en el texto se pone en conocimiento de la UE la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y llama la atención que el departamento liderado por María Jesús Montero venda que dicho incremento ha sido el fruto “del acuerdo alcanzando con todos los agentes sociales”, cuando la realidad fue muy diferente. De hecho, la CEOE rechazó el pacto para subir el SMI. Es más, como es sabido, el Ministerio de Trabajo dio por bueno el acuerdo sin contar con la firma de la patronal. Como era de esperar, el falso pacto que Hacienda ha enviado a Bruselas ya está siendo comentado entre algunos representantes empresariales, que no han dudado en hacer llegar a Moncloa su malestar por “un acuerdo que no ha existido”. Pero en esos círculos comentan que la respuesta del Gobierno les ha sorprendido. “Echan balones fuera y se limitan a decir que no saben el motivo por el que Hacienda ha dicho a Bruselas que el alza del SMI se acordó con la patronal y los sindicatos”, aseguran esas fuentes.

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha expresado su confianza en que la reforma laboral comprometida por el Gobierno español responda a las preocupaciones de Bruselas por la segmentación del mercado de trabajo y el elevado número de contratos precarios sin debilitar el dinamismo del sistema y las empresas españolas.