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Desalojos forzados en la CDMX, una realidad que atenta contra derechos de cientos de familias: ONG´s

Rocío Melgoza - 5:32 - 14/03/2019
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  • Atentan contra su derecho a una vivienda digna

Foto: Cencos

El desalojo forzado de predios o edificios en la Ciudad de México es una constante y también una problemática que no ha sido atendida por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, dejando en indefensión a decenas de familias que son víctimas de violencia y situaciones burocráticas que atentan contra su derecho a una vivienda digna, denuncian diversas organizaciones.

Lidian con invasores y violencia 

Rufina Galindo es una persona de la tercera edad que tiene que lidiar, desde febrero de este año, con un grupo de invasores que se apoderaron de 12 departamentos del edificio donde vive, ubicado en la calle Emiliano Zapata número 68, justo unas calles atrás de Palacio Nacional donde el despacha el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El edificio se encuentra el litigio desde 2002, cuando fue expropiado por el Instituto de Vivienda por daños estructurales, pero el caso se revirtió por un juicio promovido por la dueña, quien años después murió. Sin embargo, las familias que tenían contrato con ella continuaron en el inmueble y algunos, como la señora Rufina, llevan 60 años viviendo ahí.

En 2016, una supuesta albacea intentó desalojar a los vecinos con contratos falsos de arrendamiento que incluso estaban a nombre de personas que nunca vivieron en el edificio y el 13 de julio de ese año se realizó un operativo en el que participaron 800 granaderos que con fuerza excesiva y sin mostrar ninguna notificación o una orden, sacaron a las familias.

Desde entonces, quien resiste es la señora Rufina Galindo. Se amparó en contra del desalojo arbitrario y logró que un juez le reintegrara su posesión, por lo que regreso al departamento en el que ha vivido por 60 años.

En entrevista para Economía Hoy, Maria Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, explicó que al momento quedan cuatro familias viviendo en tres departamentos, pero ahora y como manera de presión, el supuesto dueño permitió el ingreso de 18 invasores en febrero de este año "y desde entonces hacen la vida imposible a los demás, fuman marihuana, toman otras sustancias e incluso hay un policía se seguridad privada controlando el acceso al inmueble, la situación es tensa".

 

El pasado 12 de marzo, la señora Rufina comenzó a sentirse mal y pidió la ayuda de una vecina, pero los invasores no le permitieron que entrara. Entonces, su nieta la llevó a un médico particular y su ausencia fue aprovechada por los sujetos para entrar a robar.

Maria Silvia Emanuelli comentó que el caso se llevó a las autoridades y que incluso, un nieto de Rufina Galindo fue golpeado tras denunciar.

El Estado renuncia a su responsabilidad

La representante para América Latina la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) indicó que lamentablemente en la Ciudad de México son muchos los casos en los que se violan los derechos humanos de las personas.

"Es muy frecuente que el Estado no se sienta responsable de los mismos, porque considera que son temas entre privados, que aquí los derechos humanos no entrarían a discusión -según algunas visiones- porque estamos hablando de un privado que está intentando obtener la restitución de su edificio, pero el problema es que se está poniendo en una situación muy vulnerable a una persona que ahí vive y en ese sentido se le están violando derechos por que el Estado no interviene".

Explicó que la organización que ella representa es parte de un colectivo que reúne a otras y desde hace dos años han impulsado acciones para visibilizar los desalojos forzados en la ciudad.

"Nos hemos acercado con el Gobierno local y ha ofrecido revisar la situación jurídica de cada caso, pero hasta ahora no hay ningún avance y tampoco logramos que la problemática se vea como algo estructural debido a la gentrificación que está viviendo la ciudad con la expulsión de pobres del centro para que se vayan a otros lados y estos edificios se usen con otros fines".

En ese sentido, dijo, buscarán acudir a instancias internacionales para que tomen cartas en el asunto como la Relatora Especial de vivienda de las Naciones Unidas.

Mencionó que la mayoría de los casos de desalojos forzados se dan en la alcaldía Cuauhtémoc, aunque también han llegado casos de Iztapalapa, sobre todo en inmuebles antiguos y que tienen alguna problemática jurídica ya que el dueño original murió y no hay herederos o albaceas.

Por último, adelantó que trabajan en una iniciativa para proteger los derechos de inquilinos ante la falta de una legislación protectora. "Si rentas sabes que es fácil que suban la renta o que hagas algo contra incrementos desproporcionados… Se hace más complejo el acceso a la vivienda, solo pocas personas lo pueden hacer".

Buscan hacer valer nueva ley contra desalojos forzados 

Cabe mencionar que en la Ciudad de México existe un marco legal que defiende a las personas contra desalojos forzosos y se depositó en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, publicada el 8 de febrero y fue impulsada por diversas organizaciones civiles y vecinales que se articularon frente al incremento de desalojos irregulares, publicó Cencos.

Dicho artículo establece que los desalojos sólo podrán llevarse a cabo en casos excepcionales, deberá evitarse o minimizar el uso de la fuerza, indemnizarse a los afectados en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales, garantizarles un debido proceso y reubicar a personas sin recursos.

Por lo anterior varias organizaciones realizaron un llamado a las autoridades del nuevo gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum para hacer valer la nueva ley y con ello poner freno a los abusos de autoridades e inmobiliarias que atentan contra el derecho a la vivienda.


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