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El coronavirus crea la 'tormenta perfecta' del desabasto para atender el cáncer

Juan Luis García - 5:16 - 26/10/2020
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  • La falta de medicamentos inició tras los cambios implementados por AMLO

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Foto: Reuters

El desabasto de medicamentos contra el cáncer arreció este año. El abrupto paso del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), vetos a proveedores de medicamentos, modificaciones en el sistema de compras del sector salud, la llegada de la pandemia del coronavirus y robos han formado la tormenta perfecta que provoca el desabasto de medicinas para la población con cáncer en México.

Este texto forma parte de la Edición Especial de octubre Cáncer de mama: el alto precio que pagan las mexicanas por salvar su vida | Consúltala aquí.

"Estamos convencidos de que trabajar sobre la corrupción es importante sin comprometer el tema de abasto de medicamentos de cualquier tipo de enfermedad, en este caso nos damos cuenta de que empezó el desabasto sobre todo en pacientes oncológicos infantiles", dijo Yareli Escudero, directora de la asociación civil Pacientes en Acción sobre las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que han derivado en desabasto.

Este octubre se cumplirán dos años desde que comenzó la intermitencia de medicamentos en el país, refrendan padres de familia, quienes iniciaron sus protestas en el Hospital Federico Gómez. Se quejaron a mediados del 2019 de falta de Purinethol, un medicamento utilizado para tratar la leucemia.

Al acudir con las autoridades lo primero que dijeron fue que había un desabasto internacional, relata a Economia Hoy, Israel Rivas, padre de Dana, niña con cáncer.

"No sólo quisimos creer, sino que dimos el beneficio de la duda", dijo Rivas. Ante la persistencia del problema se hicieron escritos a las diversas instituciones de salud y al propio presidente López Obrador, pero el mandatario no contestó.

"Llegó julio y no había medicamentos. Hasta que un día comenzaron a rechazar a niños, yo mismo fui a decir que no habían surtido medicamentos. Les damos hasta el lunes, o vamos a tomar el aeropuerto", relata Rivas sobre la protesta que finalmente ocurrió a finales de agosto del año pasado.

Cambio de la 4T

Con el cambio de gobierno, el presidente López Obrador cambió la forma en la adquisición de medicamentos. Anteriormente, se establecían los precios de patentes a través de la Comisión Negociadora de Precios (CNP) y se hacían compras consolidadas da través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para después llegar a sus destinos a través de una red de distribuidores.

Sin embargo, con el actual gobierno, en un afán por hacerse de más control sobre las compras se crearon unidades de Administración y Finanzas en las dependencias federales, bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar compras consolidadas. Éstas se crearon a través de un decreto expedido en el último día de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto a petición del gobierno entrante.

Los cambios desajustaron el sistema de salud. En junio del 2019 se realizó una licitación llamada "Compra consolidada de medicamentos y material de curación del segundo semestre 2019". Documentos revisados por la organización periodística Quinto Elemento Lab en Compranet sugieren que fueron licitadas 3,090 claves, de las cuales se asignó sólo el 37.7%. Es decir, dos tercios de las claves quedaron desiertas.

También hubo un recambio en la distribución, y se lanzó una licitación en junio del 2019 para encargarse de la distribución de medicamentos en las diferentes regiones del país.

Combate a la corrupción

El gobierno del presidente López Obrador emprendió una batalla con Laboratorios Pisa, quien sostenía un monopolio en el mercado de medicamentos oncológicos.

"Suministraba el 90% de la producción nacional de medicamento, 29 claves que hoy no hay en el país. Hoy tiene la gente que comprarlas en el extranjero. Al cerrar Pisa, el gobierno pensó que otros laboratorios iban a poder hacer lo mismo, pero no tienen infraestructura", dijo Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, una asociación civil que recauda fondos para niños con cáncer.

Pisa cerró su producción debido a irregularidades que derivaron en infecciones por una bacteria detectada en un medicamento, explicó en una conferencia de prensa en enero el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Luego de encontrar que la bacteria pudo colarse por contaminación de fábrica, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) decidió cerrar siete de 17 plantas de la empresa.

Otro hecho que impactó a la empresa fue la muerte de un niño en Puebla que recibió metotrexato. La Cofepris concluyó que no había realizado buenas prácticas de manufactura. Fue a partir de entonces que Pisa prefirió no entregar 36,000 fracasos de dicho medicamento al Hospital Infantil, según las autoridades federales.

Si bien, la Secretaría de la Función Pública expuso en enero que mantenía seis expedientes abiertos contra la empresa por posiblemente propiciar el desabasto, hoy no se encuentra en la lista de empresas multadas ni inhabilitadas.

Por el contrario, los contratos con Laboratorios Pisa crecieron en 2020. Una revisión hecha por Economía Hoy a los contratos del gobierno federal con la empresa en 2019 reflejó una suma de 2,122 millones de pesos en la base de datos de Compranet; y en 2020 ascendieron a 5,471 millones de pesos.

En tanto que las ganancias de la empresa, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, serían mucho mayores, al decir que obtuvo 90,000 millones de pesos en ventas al sector salud en 2018.

"Al gobierno no le parece que una empresa que tenía el monopolio, pero no es el monopolio porque hay otras 16 empresas que tienen las mismas autorizaciones, pero no la misma capacidad de producción", dijo Barbosa.

La empresa no sólo vende medicamentos, sino que se encargaba de realizar mezclas, resaltó el director de Nariz Roja, y esto proveía una maximización del uso de medicamentos.

"Es en un área especial, en cantidades especiales, dependiendo de la edad y la estatura del niño, no se puede sólo dar la medida así. Entonces, Pisa daba los servicios integrales producía, mezclaba y distribuía por persona. No por hospital, por persona dentro de los hospitales, esto generaba un ahorro al gobierno. Por ejemplo, si una solución tiene un gramo y un paciente necesita 800 miligramos sobran 200. Hoy con los mecanismos que tenemos, esos 200 los van a tirar. Lo que hacía esta empresa es que te vendía 800 y los otros 200 no te los cobraba, porque los utilizaba para otros pacientes", detalló Barbosa.

El 11 de octubre la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) notificó el robo de 37,000 unidades de medicamentos oncológicos de la empresas NOVAG Infancia S.A. de C.V., provenientes de Argentina, para niños con cáncer. 

Este robo fue un nuevo golpe al abasto, y días después el presidente diría que los insmos estaban asegurados, por lo que se repondrían. Las autoridades capitalinas lograron recuperar 8,144 unidades y detuvieron a dos personas.

Creación del Insabi

A partir del 1 de enero del 2020 entró a funcionar el Insabi, en sustitución del Seguro Popular. En esta transición hubo pacientes de cáncer del seguro que quedaron en el limbo, ya que recibían tratamiento de cáncer en hospitales privados gracias a convenios firmados con el Seguro Popular.

"Tuvimos dos casos de hospitales particulares que tenía un convenio con el Seguro Popular para atender a mujeres con cáncer de mama, y justo en los primeros días de enero les avisan que el Insabi no va a tener este convenio que nosotros llamamos Fucam y el COI (Centro Oncológico Internacional)", dijo Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer.

Los pacientes que acudían en 2019 a la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) eran atendidos sin cuotas de recuperación gracias a que el Seguro Popular transfería presupuesto para este fin, pero a partir del 2020 se empezó a cobrar.

Quienes no pudieron pagar debieron acudir a hospitales de la Secretaría de Salud, donde no se respaldaba un apoyo a quienes vinieran del Seguro Popular. Al tiempo que aumentó la demanda en los hospitales para tratar el cáncer, detalló.

Al mismo tiempo la pandemia obligó a que diversos hospitales se reconvirtieran en recintos para atender covid-19, lo que relegó a pacientes de cáncer y las citas se espaciaron, incluyendo las de radioterapias.

Los retrasos en cáncer son preocupantes porque las personas deben recibir tratamiento en un plazo no mayor a 72 días tras su diagnóstico, ya que la enfermedad puede avanzar a una siguiente etapa. En la cuarta y última, creando metástasis a quienes la padecen.

Ante la situación de desabasto, organizaciones civiles como Nariz Roja han emprendido una campaña de recaudación de fondos, que pretende conseguir 5 millones de pesos hacia finales de diciembre, y de los cuales ha recibido donaciones por medio millón.

"Desde el año pasado estamos en campaña, con distintos personajes, como un Canelo Álvarez, Franco Escamilla, gente que ha colaborado con su cabello, barba, distintas actividades. Este año decidimos no meternos más a roer el hueso del problema, ya entendimos que no va haber solución por más que nos quejemos, entonces, vamos a enfocarnos en la solución que sí nos ha funcionado, recaudar nosotros los fondos", dijo Barbosa.

Acciones legales

Ante la inestabilidad del sistema de salud para atender gente con cáncer. Los padres de familia han optado por ampararse en el Poder Judicial y así forzar al Estado a proveer servicios que deberían estar garantizados para todos.

"Es la vía más importante de la defensa de los niños, incluida mi hija. Yo no lo pensé dos veces. Ha funcionado, los niños que están amparados no son muchos, de 20,000 niños oncológicos hay 270 amparados, son muy pocos. Pero yo te puedo decir que en experiencia propia ya van dos veces que han negado el medicamento a mi hija y sacó yo el amparo e, inmediatamente, aparece el medicamento", dijo Rivas.

Pese a alentar a otros padres a tomar medidas similares, Rivas ha percibido miedo a represalias. Entre ellas que el medicamento que les den a sus hijos no sea de calidad, o despidos a quienes trabajan en el Estado. Sin embargo, gracias al seguimiento que dan los jueces de los casos, hay otros padres que han conseguido traer tratamientos a México que en ocasiones sólo pueden ser comprados en el extranjero, explicó.

La salud debe ser asumida por el Estado, ya que de otra manera las personas no podrían pagar los caros tratamientos. "Buscando información de cuánto costaba un tratamiento privado, de leucemia, durante los tres años y medio que puede durar, anda alrededor de millón, millón y medio de dólares. Estamos hablando de 20 y 25 millones de pesos. Ni siquiera las clases altas tendrían el dinero, no es una gripa", dijo Rivas.


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