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Guatemala arrecia las protestas contra su presidente Jimmy Morales por la fuerte crisis política

Marcos Suárez Sipmann - 5:25 - 18/09/2017
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  • El país sufre deslegitimación de las instituciones, expolio y corrupción

Protestas en Guatemala contra el presidente Jimmy Morales. Foto: Reuters

La crisis en Guatemala es de tal magnitud que puede hablarse de Estado fallido. El inestable país se encuentra secuestrado por mafias y crimen organizado. Las instituciones están deslegitimadas y los desafíos económicos y sociales son enormes. Expolio y corrupción campan a sus anchas. Según la organización independiente Transparencia Internacional, el estado con mayor corrupción de América Latina sigue siendo Venezuela, pero Haití, Nicaragua y Guatemala apenas están mejor.

El exhumorista y actual presidente guatemalteco Jimmy Morales asumió el poder hace unos dos años comprometiéndose a fijar el rumbo democrático y luchar contra la corrupción. Morales no sólo no ha cumplido su promesa sino que ha intentado declarar persona non grata y expulsar al exmagistrado de la Corte Suprema de Colombia, Iván Velásquez, desde 2013 al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Desde entonces, Velásquez consiguió desmantelar la denominada mafia de 'La Línea', concentrada en la defraudación aduanera y tributaria. Logró que el presidente Otto Pérez Molina renunciara para ser juzgado por corrupción y sus vínculos con el narcotráfico. Tanto Pérez Molina como su vicepresidenta, Roxana Baldetti, están siendo procesados.

Junto al caso de 'La Línea' está el esquema de la sustracción de fondos estatales a través de la "simulación de eventos" que nunca se hicieron. Hay también una investigación en curso contra numerosos diputados, quienes habrían recibido sobornos de Odebrecht. Ahora, apoyada tanto en su mandato internacional como en una sociedad civil cada vez más harta de la corrupción, la Cicig dirige sus acciones contra el mandatario para que sea despojado de la inmunidad de su cargo. El 25 de agosto pasado fue denunciado por la Fiscalía y la Cicig.

Cuando era secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y candidato a la presidencia, ese partido recibió aportaciones electorales ilícitas por valor de 920 mil dólares. Para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Morales es responsable de ese hecho por haber sido el líder de la formación. Se considera "probable" su participación en los hechos (no presentar informes y no proporcionar datos al Tribunal Supremo Electoral). Se le investiga por la financiación ilegal de la campaña que lo llevó al poder en 2015, cuyo lema "Ni corrupto ni ladrón" suena como un mal chiste.

A su sueldo de unos 20.500 dólares mensuales, Morales suma cada mes unos 6.800 dólares que le conceden las Fuerzas Armadas por su cargo de comandante general, una cifra escandalosa en un país donde la pobreza afecta casi al 60% de los habitantes. Un hijo y un hermano mayor del presidente están ya en prisión provisional por fraude fiscal.

Las primeras denuncias contra el jefe de Estado las presentó el TSE el 30 de noviembre de 2016, desde entonces comenzó una espiral que sigue en aumento. La imagen y la credibilidad de Morales llevan semanas deteriorándose por escándalos relacionados con actos ilegales y de corrupción. El miércoles el Congreso aprobó con carácter de "urgencia nacional" un inesperado decreto que exoneraba de responsabilidad a los secretarios generales y candidatos de los partidos de la posible financiación ilegal de sus campañas electorales, es decir, garantizaban su impunidad.

Indignación

Todo ello provocó una fuerte indignación en la población. Se criticó igualmente a los legisladores desde la embajada de Estados Unidos. Las protestas obligaron a cancelar actos y celebraciones por la Independencia en momentos que se esperaba la asistencia del mandatario. Un fallo de la Corte Suprema ha suspendido la reforma.

El intento de decapitar a la Comisión es una torpeza extraordinaria. Aunque de momento Morales mantendrá su inmunidad, su mandato está muy desgastado a menos de dos años de haberlo asumido, la sociedad civil manifiesta desconfianza. 35 organizaciones sociales exigen su renuncia y que "se reforme en profundidad el sistema político porque no queremos volver a ver otras elecciones sin opciones" afirmó José Cruz, del Colectivo Madre Selva.

A Morales le quedan pocos partidarios, pues ya existía un amplio consenso en cuanto a su inexperiencia y ahora es abiertamente cuestionado. Incrementa su desgaste el haber roto toda relación con la prensa, con la que no habla. Su intento de expulsión del jefe de la Cicig, Iván Velásquez (frustrado por la Justicia), le ha granjeado enemigos y críticas tanto en su país como en el extranjero, pues las críticas provienen asimismo de la comunidad internacional.

Distintos medios, como The New York Times y The Economist, afirman que en Guatemala se consiente y no se combata la corrupción y se refuerza la desconfianza y las dudas sobre las instituciones. Pero, ¿Sería su dimisión una solución? Con su antecesor Pérez Molina en prisión preventiva por su relación con el escándalo de sobornos y evasión tributaria conocido como "La Línea", es difícil que la política guatemalteca esté en condiciones de aguantar otra crisis semejante, en todo caso, el panorama para lo ciudadanos guatemaltecos es sombrío.


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