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Empresarios consideran injusto el reparto de utilidades a trabajadores: "no son socios", aseguran

Laura Quintero - 7:12 - 15/05/2019
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  • Sólo un 10% de las empresas en México realizan el pago de utilidades conforme lo estable la ley

  • Pese a ser un derecho constitucional, proponen convertirlo en un bono meritocrático: "que gane más quien trabaje mejor"

Foto: Archivo

El pago de utilidades es un derecho constitucional de los trabajadores. Sin embargo, los empresarios consideran que este derecho es injusto porque los trabajadores "no son socios" y que el pago por la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) representa un costo impositivo "mortal", indicó César Maillard Canudas, presidente del Comité Laboral y Productividad de Empresarios de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

"El costo impositivo del reparto de utilidades en México es mortal, el 30% del Impuesto Sobre la Renta y el 10% directo de las utilidades netas, los trabajadores no son socios, cuando la empresa tiene pérdidas los socios pagan un 10% de las pérdidas, aquí no", precisó el representante empresarial.

De acuerdo el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP), cerca del 80% de las empresas en México paga una gratificación por concepto de utilidades, sin embargo apenas una de cada diez, es decir, sólo el 10% lo hace conforme a lo establecido en la ley, por lo que en la mayoría de los casos esa cifra no corresponde a lo que deberían recibir si el trámite se hiciera de manera adecuada.

El pago de utilidades constituye un derecho de los trabajadores contemplado en el artículo 123 de la Constitución, en el que se explica que los empleados tienen derecho a una participación de las utilidades de las empresas en las que laboran. Además, el artículo 177 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los lineamientos para que las empresas lo realicen.

El organismo de contadores refirió que quienes deciden iniciar un juicio para revisar si lo recibido es correcto, inician un camino "tortuoso" y sólo el en el 2% de los casos el fallo resulta a favor de los trabajadores, debido a que es muy difícil recabar los elementos suficientes para probar cuánto es el monto exacto al que son acreedores.

Proponen bono de "meritocracia"

Durante su participación en el Foro: 'El Futuro del Trabajo es Ahora', Maillard Canudas solicitó que el reparto de utilidades se indexe a la productividad para que el trabajador que labore de acuerdo con métricas de rendimiento reciba un bono de meritocracia y el que no lo haga no tenga acceso a éste.

"Si chucho trabaja mucho y Juan no trabaja, llega abril o mayo y cobran lo mismo ¿dónde está el incentivo? No son socios, te garantizo que la empresa pagaría con mucho gusto un bono de productividad para aquella persona que se lo merece y a Juan que no trabaja mucho no tendría por qué ganarlo. Debe de ganar más quien trabaja mejor", ilustró el empresario.

Por su parte, Reyes Soberanis, vicepresidente del Congreso del Trabajo, indicó que quien produce la riqueza de una empresa es el trabajador y tiene derecho a recibir beneficios de lo que está generándole a la empresa. No obstante dijo que entienden que el pago de utilidades genera muchos saldos que es necesario revisar.

Actualmente se reparte entre los trabajadores el 10% del total de las ganancias de una empresa más las utilidades que no se hayan repartido el año pasado.

De acuerdo con la LFT en la fracción II del artículo 994 establece que los patrones que incumplan con su obligación del reparto de utilidades tendrán que pagar una multa de entre 250 y 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias. El valor de la UMA diaria en 2019 es de 84.49 pesos, por lo que el rango de la sanción puede ser de entre 21,122.5 pesos y 422,450 pesos.

Piden flexibilidad contractual

Maillard Canudas indicó que los sistemas de contratación en México son muy tediosos por lo que pidió que deben ser flexibles, por ejemplo, dijo que los contratos de prueba no deben ser de tres o de seis meses, porque en ese periodo de tiempo muchas veces no se dan cuenta si el trabajador cuenta con las aptitudes necesarias.

"En los países desarrollados es donde es más fácil romper el vínculo contractual", aseguró.

Destacó que la iniciativa privada sufre las demandas individuales injustas porque cuando los trabajadores dejan de presentarse a trabajar, se presentan dos o tres meses después presentando una demanda y los costos los absorbe el empresario.

"El gobierno no crea empleos, los creamos los empresarios, los emprendedores. Para que haya un sentido de inversión en el país que genere desarrollo, inversión y empleo, debe haber seguridad política, lo cual implica dar facilidades", aseguró.


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