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FCC, propiedad de Slim, declarará el próximo viernes como investigada por comisiones en Panamá

EFE - 9:38 - 15/11/2019
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  • Está investigada por blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal

Foto: Archivo.

La constructora española FCC, propiedad de Carlos Slim, declarará el próximo viernes en la Audiencia Nacional como investigada en la causa por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo entre 2009 y 2015, por el pago de 82 millones de euros en comisiones para la adjudicación de obras en Panamá.

En la resolución, conocida este viernes, el juez español Ismael Moreno cita al representante legal de las tres filiales (FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias), sospechosas de haber participado en un consorcio con la multinacional brasileña Odebrecht que generó "sobrecostes en los contratos del suministro de acero para los proyectos del metro de Panamá y de la Ciudad Hospitalaria de Clayton".

El titular del juzgado central de Instrucción número 2 de España emplaza para ese mismo día a un testigo solicitado por la Fiscalía española Anticorrupción, vinculado a una de las sociedades panameñas usadas por Odebrecht para el pago de sobornos. Según el auto de imputación del pasado 30 de octubre, los sobrecostes creados por el consorcio "fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos".

Se investiga la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal

Lo que se investiga es la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015, después de que en 2017 se presentara una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht, empresa que se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones. Por lo que respecta a las obras del metro de Panamá, directivos de FCC y empleados de Odebrecht habrían diseñado, según la Fiscalía, un sistema de corrupción que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá, facturando al doble de su precio.

Se sobredimensionaba el suministro de acero necesario, facturando el doble de su precio

En cuanto a las sociedades pantalla presuntamente utilizadas, las mismas para las obras del metro y para el hospital, son Global Quality Steel y Scees Steel, cuyos administradores, Javier Ayora, Eduardo Trijueque y Sasa Arsic, han declarado ya como investigados.

No obstante, la investigación ha desvelado "dos circuitos de pagos de dádivas distintos, ya sean los contratos del metro, los de la Ciudad de la Salud o los de la Ciudad Hospitalaria", que confluyeron sólo en algunos casos en las mismas sociedades, testaferros y entidades bancarias.

Denuncias de FCC

A mediados de año, FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción española sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con estos hechos, y aportó 38 facturas y transferencias emitidas entre los años 2010 y 2014 por un importe de 82.768.849 euros.

En sus denuncias, FCC señalaba que ninguno de estos servicios se prestó, ya que no se ha podido localizar ningún rastro de los trabajos encomendados y abonados a Mauricio Cort, ciudadano español y panameño que sólo habría facturado para dar cobertura a los pagos por la adjudicación de contratos de obra civil.

El juez Moreno recordaba además en su auto que la responsable de la asesoría jurídica de FCC aseguró en julio de este año ante la Fiscalía Anticorrupción que los documentos que adjuntaba mostraban la salida de fondos de la compañía hacia Mauricio Cort, testaferro del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.

Al margen de la causa abierta en la Audiencia Nacional, la constructora negocia con la justicia panameña un acuerdo para asumir una multa que podría rondar los 18 millones de euros, lo que equivaldría a admitir los hechos, tal como adelantaron medios del país.


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