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Aprueba el Senado la 'Ley Chayote', la envían al Ejecutivo para su publicación

EconomíaHoy.mx - 7:59 - 26/04/2018
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  • La nueva ley mantiene el esquema de discrecionalidad en la contratación de propaganda gubernamental

Foto: Notimex

Con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención en lo general, y 57 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones en lo particular, el Senado de la República aprobó la Ley General de Comunicación Social, conocida también como 'Ley Chayote', que mantiene el esquema de discrecionalidad en la contratación de la propaganda gubernamental en medios de comunicación.

La ley modifica el artículo 134 de la Constitución y una vez aprobada por el Senado entrará en vigor el 01 de enero de 2019. El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, instruyó enviarla al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La transparencia en los contratos, topes claros al gasto de comunicación social y una distribución lógica y equitativa del dinero, son algunos de los elementos que se deben atender en la nueva ley, de acuerdo con la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio como límite al 30 de abril para emitir una legislación en el tema.

Sin embargo, los legisladores de oposición -la ley contó con la aprobación sólo de los senadores del PRI y sus aliados- aseguraron que ésta no cumple con la sentencia de la SCJN.

De acuerdo con el dictamen, los medios de comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión en la contratación y difusión de propaganda gubernamental.

La Secretaría de Gobernación (Segob) administrará el uso de los tiempos del Estado y de los tiempos fiscales, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones, salvo en el caso de los tiempos oficiales que administra el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, la ley no fija topes al gasto del gobierno federal por contratación de pauta en medios y tampoco establece, en ninguno de sus 45 artículos, la forma en la que podrían ser sancionados los funcionarios que no observen los criterios y objetivos de la ley.

Entre las reservas que fueron desechadas se encuentra la propuesta formulada por Angélica de la Peña para crear un Consejo Nacional de la Propaganda Gubernamental, que le quite a la Secretaría de Gobernación la atribución de controlar el gasto en la materia.

Organizaciones civiles se han manifestado en contra del proyecto, debido a que no garantiza transparencia e imparcialidad en la asignación de contratos, la creación de organismos autónomos encargados de dichas contrataciones, así como de figuras que vigilarían y auditarían los recursos públicos destinados a gastos de comunicación social.

Artículo 19 y Fundar incluso han afirmado que el dictamen legaliza la corrupción mediática.

"La ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos", afirmó la senadora sin partido, Martha Tagle.

Por su parte, el panista Héctor Larios aseguró que la ley institucionaliza que el gobierno gaste el dinero de los contribuyentes en promover sus acciones, "algo inconcebible en países desarrollados".

El senador aseguró que en lo que va del actual sexenio el gobierno federal, que encabeza Enrique Peña, ha gastado alrededor de 45,000 millones de pesos, cifra a la que se suman otros 60,000 millones de pesos erogados por los gobiernos locales.

Por otro lado, los senadores del Partido Verde, Martha Vianey Luque y Jorge Aréchiga, y del PRI, Verónica Martínez Espinoza, defendieron el dictamen y aseguraron que con éste se cumplía en tiempo con lo establecido por la Corte.

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