La odisea de los deportados mexicanos desde Estados Unidos

Gabriela Jiménez - 7:00 - 16/02/2017
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  • Al otro lado de la frontera, los inmigrantes mexicanos están inmersos en una espiral de vulnerabilidad que se contagia a sus familias y a la sociedad. Actualmente hay 5.5 millones de connacionales que son sujetos de deportación.

deportados.jpg Patrulla Fronteriza (Foto: Reuters)

Los migrantes indocumentados en Estados Unidos nunca lo han tenido fácil, pero el panorama se ha complicado con la llegada de Donald Trump a la presidencia, la firma de dos órdenes ejecutivas que les afectan directamente, y el nombramiento de Jeff Sessions -conocido por sus posturas anti inmigrantes-como fiscal general del Estado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), regresan entre 300 y 400 personas deportadas diariamente a los 11 puntos de repatriación ubicados en la frontera con Estados Unidos, y 135 personas llegan por avión al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en tres aviones semanales cada lunes, martes y jueves, para sumar más de 150,000 deportados al año, una cifra que podría aumentar exponencialmente con los nuevos parámetros establecidos por Trump para la deportación de inmigrantes sin documentos, que suman 11 millones de personas, de los cuales 5.5 millones son mexicanos.

Si bien Barack Obama ha sido calificado como el 'gran deportador' de la historia de su país, con 2.8 millones de deportaciones entre 2009 y 2016, la cantidad de personas que podrían ser expulsadas de Estados Unidos podría alcanzar cifras sin precedentes bajo los nuevos criterios de seguridad fronteriza establecidos por la nueva administración.

"Cerca de la mitad de su mandato, Obama entendió algunas cosas y estableció una orden mediante la que se crearon prioridades para las deportaciones", explicó a EconomíaHoy.mx Gretchen Kuhner, directora del Instituto Nacional para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

El objetivo era evitar en lo posible las separaciones familiares, con lo cual los agentes migratorios se concentraron en la deportación de personas que hubieran cometido delitos graves, como los relacionados con drogas o violencia, y se hizo énfasis en las personas que llevaran menos tiempo en el país.

Protocolo de deportación

En un país constituido como estado federado, cada Estado es libre de establecer la dureza de su reglamentación migratoria. Durante la administración Obama cobraron fuerza las llamadas "ciudades santuario", aquellas en las que las autoridades no detienen a los migrantes por no tener papeles.

En Chicago, Nueva York o Los Ángeles, entre otras, la policía no tiene como práctica usual la detención de personas para pedirles sus papeles y permite, hasta donde es posible, que la comunidad migrante y sus familias se integren a la vida cotidiana, posibilitándoles trabajar o inscribir a sus hijos a la escuela.

No obstante, el pasado 25 de enero, el presidente Trump firmó dos órdenes ejecutivas que cambian las reglas del juego.

La primera fue sobre seguridad fronteriza, en la que ordena la construcción del muro entre Estados Unidos y México, así como el incremento de los centros de detención, es decir, los lugares a los que van a dar los migrantes sin documentos en espera de su deportación, que actualmente tienen capacidad para 35,000 camas al día, indica Kuhner.

El segundo decreto reglamenta el control migratorio al interior del país. Establece recortar fondos federales a las "ciudades santuario" si no cooperan con las autoridades migratorias entregando a los indocumentados, ordena la contratación de más de 10,000 agentes migratorios y modifica los criterios para definir a una persona deportable.

"Ahora cualquier persona indocumentada que haya cometido cualquier tipo de falta, o haya sido acusada de ello -aún sin que haya concluido el proceso judicial- es deportable. También lo es cualquier persona que, a criterio de los agentes migratorios, pueda ser un riesgo para la seguridad nacional", explicó Kuhner.

Este cambio pone en la mira de los agentes migratorios prácticamente a cualquier persona, pues una de las prácticas más comunes de los migrantes es dar un número de seguridad social falso para poder trabajar, lo cual constituye un fraude. Así, se deportará "a personas cuyo único delito ha sido trabajar", explica Kuhner.

Tipos de deportación

El historiador y académico de la Universidad Iberoamericana, José Martín Íñiguez, explicó que hay dos tipos de procesos para la expulsión de migrantes indocumentados. El primero es la repatriación "segura y ordenada", que es un mecanismo voluntario mediante el cual las personas deciden volver a su país de origen una vez que han sido detenidos.

Si se encuentran en algún estado de la frontera, son repatriados por vía terrestre, mientras que si se encuentran en el interior del país se les regresa por avión a la Ciudad de México.

"Muchas personas eligen esta vía porque así pueden volver a cruzar la frontera en otro momento", explicó el experto en migración.

El otro proceso es el de la deportación, que implica que una vez que la persona es expulsada de Estados Unidos no puede volver a ese país por ningún motivo, so pena de cárcel.

Quienes pasan por este proceso son sometidos a un juicio que puede durar entre tres meses y un año.

Pese a los riesgos que conlleva esta vía y lo elevado de su costo -el gasto en defensa legal puede alcanzar los 30,000 dólares- algunos deciden apoyarse en Organizaciones No Gubernamentales para someterse al proceso judicial y, de ganar, comenzar un nuevo proceso hacia la residencia legal y la eventual naturalización como ciudadanos estadounidenses.

Lo más común, señala Íñiguez, son las "deportaciones express", que ocurren en menos de 24 horas en sitios cercanos a la frontera. Una vez en México, las personas son canalizadas al Instituto Nacional de Migración para que éste les entreviste y determine si efectivamente tienen nacionalidad mexicana y de lo contrario, el propio Instituto les vuelve a deportar a su país de origen, en la mayoría de los casos a Centroamérica.

La cuestión se complica para los menores de edad. "A los menores los llevan a albergues del DIF estatal y ahí se trata de contactar a la familia", pero si el menor ha sido víctima de trata o algún tipo de abuso, o hay alguna sospecha de ello, antes de cruzar hacia el sur, pasan a custodia del gobierno estadounidense, y van a dar a asilos en los que esperan a la resolución de su caso. Los asilos, explica el académico, son privados, por lo que "les conviene que permanezcan allí el mayor tiempo posible".

Un amargo regreso

La palabra que mejor describe, según los expertos, el estado en el que se encuentran los mexicanos cuando regresan es "shock".

"La mayoría llegan sin documentos de identidad, sin haber comido, sólo con la ropa que traen puesta", dice Dalia Gabriela García Acoltzi, directora del programa Somos Mexicanos del INM, enfocado en recibir y dar asistencia a los mexicanos deportados una vez que pisan el territorio nacional. Al llegar, el gobierno se encarga de tramitarles una constancia de repatriación, que es válida como documento de identificación oficial mientras se tramita el acta de nacimiento o la credencial de elector. De acuerdo con la funcionaria, el INM les ayuda a comunicarse con sus familiares, les da agua, alimento, revisiones médicas y vacunas. Pero "la gente en esa situación no tiene ganas de escuchar qué tiene México que ofrecerles. Vienen cansados, con un proceso anímico que no es el más conveniente", dijo García Acoltzi.

"Llegan con miedo, enojados y deprimidos, pero sobre todo, llegan a enfrentar una situación económica muy difícil", señala Kuhner.

"Se trata en muchos casos de personas que son el sostén de una familia ya pobre, y se convierten en una boca más que alimentar". Por si esto fuera poco, llegan a enfrentarse con la amarga realidad de que el salario mínimo en México es de 80 pesos diarios, mientras que en lugares como San Diego, California, el sueldo es de 11.50 dólares por hora, "y la vida en México no es mucho más barata que en Estados Unidos".

"Son historias de tragedia", dice Íñiguez, "al llegar caen de repente en la pobreza, dejan de poder mantener a sus familias, que en muchos casos no han visto en muchos años, es un shock para ambas partes".

Para Íñiguez, el apoyo del Estado Mexicano para con los ciudadanos que regresan es insuficiente y que hacen falta recursos para que programas como Somos Mexicanos tengan un impacto real. Destaca, sin embargo, programas como el de la Ciudad de México, que les otorga un seguro de desempleo y les ayuda a reinsertarse en el mercado laboral, o el que estableció la Universidad Nacional Autónoma de México, para garantizar plazas en sus universidades a los paisanos retornados de manera que puedan continuar los estudios que dejaron inconclusos en los Estados Unidos.

El historiador asegura que México no está preparado para una llegada masiva de paisanos deportados, a pesar de que tanto desde el gobierno como desde la iniciativa privada son cada vez más las iniciativas existentes para aprovechar la mano de obra calificada que representa esta población. "En muchos casos están sobrecalificados", dice Kuhner. "Muchos saben operar maquinaria muy especializada que en México no existe".

Pero Estados Unidos tampoco está preparado para una deportación masiva de inmigrantes, dice Íñiguez. "No se van a hacer el harakiri, resultaría muy caro y se caería su economía". Lo que sí es posible es que "presionen a la comunidad hasta su máximo límite, para sobreexplotarlos".

Para evitarlo, el académico propone que el gobierno federal establezca alianzas estratégicas con sindicatos estadounidenses, con las comunidades irlandesa y judía -aliados históricos de México- así como con la iglesia católica estadounidense, que aglutina a más de 65 millones de personas en ese país. Es necesaria "una campaña de apoyo general de la sociedad civil para la no deportación, más que del lado mexicano, de parte del propio pueblo estadounidense".

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